La Fiscalía modificó las conclusiones de su escrito sobre la supuesta introducción de ciudadanos iraníes por distintos puntos del territorio nacional, entre ellos Tenerife. Así los posibles delitos son contra los derechos de los extranjeros (por el que pide siete años de cárcel) y el de falsedad de documento oficial (por el que solicita nueve meses) para seis de los siete acusados.
En el caso de N.K., el Ministerio Público mantiene que sería responsable de un caso de falsedad de documento oficial y se le tendría que imponer una pena de 9 meses de prisión. En total estaban acusadas 14 personas de las que la mitad están en paradero desconocido. Los abogados defensores intentaron demostrar la inocencia de los imputados, al no existir dolo ni intención de delinquir. También niegan que fuera una banda organizada, delito que en realidad ya fue descartado por la Fiscalía, dado que los acusados ni siquiera se conocían entre ellos. Las partes pidieron la nulidad de las escuchas que dieron lugar a las detenciones en el año 2012. En principio, la Fiscalía solicitaba 83 años de cárcel para todos ellos, al considerar que formaban parte de una banda organizada que promovía la inmigración irregular, falsificación continuada de documentos y tenencia de útiles para elaborarlos. La Fiscalía apunta que el grupo se repartía entre tres personas que vivían en Tenerife y que se encargaban de recibir el dinero, y de organizar, transportar y alojar a los iraníes que llegaban a la Isla. Usaban varias casas, entre ellas una en Adeje que pertenecía al supuesto cabecilla, A. H., declarado en rebeldía. Tenerife era el punto en el que los inmigrantes tenían que esperar hasta que se les daba documentación falsa para ir a otros destinos, habitualmente Inglaterra. En Madrid habría otros cuatro imputados que también se encargaban de toda la logística.