Santa Cruz de Tenerife

"Sabía que venía a prostituirme, pero desconocía las condiciones"

Una supuesta víctima de inmigración irregular, de origen venezolano, dice que se sintió "engañada" durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Noé Ramón, S/C de Tenerife
2/oct/17 6:05 AM
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Una de las supuestas víctimas de un caso de inmigración irregular, trata de seres humanos y prostitución coactiva declaró recientemente durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, cuando vino de Venezuela, sabía que se iba a prostituir, pero desconocía las condiciones en las que luego lo hizo al llegar a Tenerife.

En concreto, dijo que la acusada de los delitos, C.B.H., que es tía suya, le quitó el pasaporte, la obligó a pagar una deuda de 4.000 euros por los supuestos gastos que había traído consigo su desplazamiento, no la dejaba salir de la vivienda y la obligaba a prostituirse las veinticuatro horas al día.

Y, además, no podía negarse a realizar práctica alguna con quien se lo requiriese.

Sin embargo, cuando contactó con ella en Venezuela, las condiciones que le ofreció eran muy distintas y le dijo que iba a ganar mucho dinero, que sólo tenía que prostituirse los fines de semana y con quien ella quisiera. Una vez en la Isla, la procesada la amenazó con hacer daño a su familiares en Venezuela y, de hecho, su hija sufrió un accidente después de que estos hechos salieran a la luz.

Una de las testigos dijo que se había dedicado desde hacía tiempo a la prostitución, pero que las condiciones en las que les obligaban a hacerlo en aquella vivienda no eran normales.

Indicó que por apoyar a sus compañeras ha tenido que esconderse, ha pedido una orden de alejamiento y sufrido amenazas.

La acusada, para la que la la Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel por ambos delitos, se acogió a su derecho a no declarar.

Una trabajadora social recuerda que una de estas jóvenes acudió al centro para que le facilitaran preservativos y que finalmente acabó pidiendo ayuda, aunque optó por no delatar a nadie ante el miedo que tenía a sufrir represalias. "Vimos que era un caso claro de que estaba siendo sometida a explotación sexual", señaló.

El hecho de que el culpable sea un familiar es muy habitual, ya que aumenta la posibilidad de que prospere el engaño al existir más confianza.

Uno de los policías que llevó a cabo la investigación dijo que nunca se presentó una denuncia, sino que a principios de 2016 detectaron que existía un grupo de jóvenes venezolanas que estaban siendo introducidas en Tenerife de forma irregular para ejercer la prostitución.

Al principio, ninguna quería hablar, pero finalmente comprobaron que "se cumplía con el perfil" de ser víctimas explotación sexual y lograron una declaración formal. En cuanto a la deuda, la calificaron de "desmesurada", ya que una carta de invitación apenas cuesta 120 euros y un billete un máximo de 700. La policía interceptó diversas llamadas y mensajes en redes sociales en los que se comprobaban cada uno de los extremos, incluidas las amenazas.

Otra de las supuestas víctimas, que no pudo declarar por haber sido expulsada del país, ratificó en su día en sede policial que no había sufrido ningún tipo de explotación, ni le habían requerido el pago de deuda alguna, contaba con una habitación propia, manejaba su dinero y no se sentía coaccionada o encerrada.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía consideró probado que las mujeres habían sido engañadas y que el hecho de haber venido a las islas para practicar la prostitución no supone que por ello se las deba culpabilizar.

Siempre y cuando quisieran ejercer esta labor libremente y se cumplieran las condiciones pactadas. La defensa pidió la absolución al indicar que no ha quedado probado que retiraran el pasaporte a las jóvenes, que una de ellas llamó a la acusada para pedirle perdón y presentó fotografías en las que se las podía ver en fiestas y en excursiones por toda la Isla.

La Fiscalía por su parte pide que se indemnice con 6.000 euros a una de las jóvenes a las que supuestamente obligó a prostituirse, al considerar probado que la acusada ideó un plan para obtener beneficio económico aprovechándose de las compatriotas que se encontraban en una situación precaria en su país de origen.

La Fiscalía sostiene que la encausada empleó diversas argucias para hacerlas creer que en España lograrían obtener grandes beneficios económicos mediante el ejercicio de la prostitución. También las informó de que solo tendrían que trabajar los fines de semana y que con el dinero que lograsen podrían ayudar a sus familias. También les facilitó el billete de entrada.