La titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Arona, Carmen Rosa del Pino Abrante, que lleva actualmente el caso Aitana, la niña que murió en noviembre de 2009, emitió recientemente una resolución en la que desestima el recurso de reforma de nulidad de actuaciones que presentó el abogado de la defensa del padrastro de la pequeña, Plácido Alonso Peña, para que el tercer informe forense sobre la causa del fallecimiento lo hicieran expertos del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.
De esta manera, la jueza nombra como peritos a tres forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y designa como tales a Eva María Bajo Tobio, Javier Tapia Chinchón y Guillermo Oliver Roca, para llevar a cabo la prueba pericial que viene acordada sobre la muerte de la menor Aitana Rubio García.
Además, para que esa labor sea posible, la jueza ordena el envío de toda la documentación que sea necesaria a dicho organismo de la capital grancanaria.
Así lo reconoció ayer el abogado Plácido Alonso Peña, que adelantó que dicha decisión judicial ya está recurrida en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Este nuevo capítulo del largo y polémico caso sobre el fallecimiento de la niña en Arona en 2009 comenzó cuando la jueza Carmen Rosa del Pino Abrante, dictó una providencia en la que designaba a la forense Natalia Mederos Real, del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, para que efectuara un tercer informe sobre las causas de la muerte de la niña.
Ese nuevo documento se consideró necesario después de que, tras el fallecimiento, los forenses de la isla determinaran que el motivo del fallecimiento fue una caída accidental de la pequeña en 2009.
Sin embargo, a comienzos del presente año, casi un año y medio después del suceso, el mediático abogado Marcos García Montes, como representante de la madre de la menor, aportó los informes de dos expertos forenses, que consideraban que existían supuestos indicios de que la muerte pudo ser violenta por las lesiones que presentaba la niña. Y ahora se requiere un tercer informe.
Alegación de la defensa
Sin embargo, el letrado Marcos García Montes alegó que, para evitar un caso de corporativismo y garantizar la independencia y objetividad del futuro documento, sería aconsejable que fuera realizado por forenses que no pertenecieran al Instituto de Medicina Legal de la capital tinerfeña.
Entonces, la jueza dictó una segunda providencia para decidir que fueran tres especialistas de Las Palmas. Esa segunda providencia fue la recurrida por Plácido Alonso Peña, que opina que ese cambio de opinión debió adoptarse en un auto.
El recurso de Alonso Peña no fue contestado por Marcos García Montes y la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife apoyó el recurso del letrado tinerfeño. Pero la jueza decidió desestimar tal reclamación.
Alonso Peña señala que los documentos originales hechos por los médicos y forenses que atendieron a la pequeña son manuscritos y apenas se entienden. No obstante, posteriormente sí se redactaron los documentos a ordenador.