Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y solo 230 de ellos (poco más del 8%) participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.
"El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa", explica en una entrevista con Efe el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos meses antes, el secretario general considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente "bien valorada", pero hay margen de mejora.
Y puede hacerse, a juicio del secretario general del organismo, insistiendo en los programas de tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas.
Los últimos datos disponibles cifran en 69% el porcentaje de reclusos que no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31% de "perfiles de difícil reinserción". Sobre los que se tiene "casi toda la seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo", Luis Ortiz defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece posibilidades de control. "Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada", pero para ello se precisan los "recursos necesarios".