Luz Marina Rodríguez inició hace casi seis años un proyecto para recordar la memoria de su hermana Guacimara, que fue asesinada por su exmarido delante de los hijos de ambos y de la madre de la víctima. Pero la iniciativa "Todos somos Guaci" no fue una acción pasajera, sino que se ha convertido en una herramienta muy eficaz para hacer visibles los problemas reales a los que se enfrentan las familias de aquellas mujeres que mueren en ataques de violencia de género. Luz Marina es funcionaria y ejerce como trabajadora social. Pero ni siquiera eso la salvó de encontrarse con "muros muy altos" ante las diferentes administraciones para resolver muy diversos problemas que rodean a los niños o adolescentes hijos de esas personas a las que se les cercena la vida.

El exmarido de Guacimara la mató la mañana del 20 de febrero de 2013, cuando salía de la casa de su madre, en el barrio santacrucero de Los Gladiolos, para llevar a sus hijos al colegio.

Tras casi un sexenio, Luz Marina manifiesta que en agilidad y facilidad para resolver diferentes trámites burocráticos relacionados con el bienestar de los menores "seguimos igual, no se ha avanzado".

Explica que resulta positivo que a los hijos de las asesinadas se les considere también víctimas en el Pacto contra la violencia de género, así como que también puedan cobrar una pensión aquellos menores cuyas madres nunca cotizaron a la Administración de la Seguridad Social, por ejemplo.

La portavoz de "Todos somos Guaci" manifiesta que tales medidas "están muy bien en la Ley, pero si los funcionarios de varias administraciones no saben llevarlas a cabo, no sirven de nada" para los pequeños y sus familiares.

Como muestra de esta reflexión, Luz Marina Rodríguez comenta que "nadie te hace un documento de que los niños son víctimas de violencia de género" actualmente.

Ante ese tipo de circunstancias, reclama la necesidad de desarrollar políticas formativas con el personal de las áreas de Servicios Sociales, por ejemplo. Hace algún tiempo, Rodríguez estuvo en Bruselas, tras ser invitada por la Fundación Soledad Cazorla, para asistir a una ponencia en la que se planteó la necesidad de que a los padres maltratadores se les retire el derecho a la patria potestad.

En otras ocasiones, Luz Marina ha intervenido en otras instituciones regionales o nacionales para exponer su punto de vista sobre los mencionados obstáculos administrativos, como en el Parlamento de Canarias, en el Congreso de los Diputados o en el Senado.

Lamenta que, actualmente, si la familia no dispone de recursos para hacerse cargo de los niños, se le ofrece la posibilidad de llevarlos a un centro. Otra posibilidad es la adopción, pero en ese caso al menor se le quitan todos los derechos que le corresponden como víctimas de violencia de género.

Luz Marina Rodríguez indica que "la Ley sigue dando derechos a los padres" que han matado a sus parejas o exparejas. Comenta que tales progenitores, condenados ya o en prisión preventiva, "tienen derecho a ver a los niños, a su guardia y custodia, o bien a autorizar si reciben el apoyo psicológico". Según los datos que han trascendido, desde el año 2013, 194 niños o adolescentes han perdido a sus madres y tienen a sus padres en la cárcel por asesinato. A juicio de la portavoz de "Todos somos Guaci", "muchos niños se quedan desvalidos y su situación se tiene que equiparar a la de las víctimas de terrorismo, en cuanto a apoyo para su futuro". Opina que "no veo interés político para cambiar la actual realidad". Reconoce que las autoridades o los líderes de partidos políticos "se asustan cuando hay algún caso muy relevante", pero considera que después falta continuidad a la hora de cambiar los trámites. Pero, al acudir al Parlamento Europeo conociendo la realidad legislativa que existe en España, reconoce que "en otros países están más atrasados que nosotros" en esta materia. Señala que con "Todos somos Guaci" se abrió un camino. Tras la tragedia que vivió su familia después de aquel 20 de febrero de 2013, Luz Marina ha tenido la oportunidad de conocer la situación de otras personas con menores a cargo que han pasado por el mismo "laberinto administrativo" y ella les ha expuesto los pasos a seguir. Otro de los problemas a los que deben enfrentarse las "víctimas indirectas" de tales asesinatos es la falta de coordinación entre las diversas administraciones, puesto que cada una tiene su propio protocolo de intervención. Pero echa en falta un modelo de trabajo único para facilitar el proceso. Sobre la realidad de los menores que pierden a sus madres y a sus padres (por ingreso en prisión), Rodríguez asegura que "son unos supervivientes; se convierten en personas responsables, se hacen fuertes y crean una especie de caparazón" sobre lo que pasaron en su momento.