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Greenpeace denuncia una radiación excesiva en zonas reabiertas de Fukushima

Tokio, EFE
1/mar/18 7:18 AM
eldia.es
Nicolas Datiche / POOL (EFE)

La organización ecologista Greenpeace denunció hoy la presencia de niveles excesivos de radiactividad en áreas próximas a la accidentada central nuclear japonesa de Fukushima que han sido reabiertas a la población.

En un informe publicado hoy, basado en las mediciones realizadas por la propia organización, se señala que muchas de estas áreas se encuentran en situación de "emergencia radiológica" a pesar de que el Gobierno japonés ha levantado las restricciones de acceso a las mismas tras años de limpieza y descontaminación radiactiva.

El panorama que presenta Greenpeace contrasta con la versión de las autoridades de Japón, que hablan de una progresiva vuelta a la normalidad en estas zonas afectadas por la catástrofe nuclear desatada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.

El documento presentado hoy detalla, por ejemplo, que en las localidades de Namie e Iitate, situadas a entre 10 y 40 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi y donde se levantaron parcialmente las órdenes de evacuación en marzo del año pasado, la radiación continúa en niveles "muy por encima de los estándares internacionales".

La ONG señaló asimismo la "escasa efectividad" de las labores de descontaminación en las zonas afectadas, y criticó que Tokio "haya ido demasiado rápido" a la hora de reabrir estas áreas pese al "alto riesgo" que ello conlleva para sus habitantes.

El Ejecutivo japonés, por su parte, mantiene que la radiactividad en las áreas reabiertas no supone riesgos para la salud humana, y cuenta con datos corroborados por expertos médicos del archipiélago y organismos como el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación (UNSCEAR).

El accidente nuclear de Fukushima es considerado el peor de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986, y mantiene evacuadas a decenas de miles de personas, además de ocasionar graves daños a la economía local y acarrear un coste total para las arcas públicas estimado en 20 billones de yenes (152.815 millones de euros).