Canarias, Aragón, Extremadura y Cataluña son las cuatro comunidades con menos porcentaje de alumnado con discapacidad integrado en aulas ordinarias, según un informe publicado ayer por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). En concreto, en las Islas el 77% de estos estudiantes se forma en el sistema convencional, mientras que en Galicia -la región con mejor indicador- lo hace el 91,9%. El sistema canario no alcanza ni siquiera la media nacional, que está en torno al 80%.

El proceso de inclusión educativa en España comenzó a mediados de los años 80 del siglo pasado, aunque la primera referencia a la escolarización de este alumnado se remonta a 1970. Desde entonces, las cifras de alumnado matriculado en "la modalidad inclusiva" indican un notable éxito, "con más de un 80% de media en todo el territorio nacional de alumnos con necesidades educativas especiales de apoyo educativo por causas de discapacidad matriculados en centros ordinarios a finales de los 90". Además de las diferencias que existen entre unas comunidades y otras, a partir de esa fecha se ha detectado un estancamiento.

Los autores del informe recuerdan que el vínculo entre discapacidad y exclusión social es claro y que en las sociedades avanzadas el sistema educativo "es más que una herramienta para impartir conocimiento, es un agente de socialización clave".

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en el curso 2016-17 había matriculados un total de 8.147.619 estudiantes en enseñanzas no universitarias, de los cuales 171.303 eran reconocidos como alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo.

Las personas con discapacidad intelectual son las que presentan peores indicadores de inclusión tanto en el área educativa como en la laboral. En cambio, las personas con dificultades visuales, de audición y motoras son las que consiguen las tasas más cercanas a las del resto de la población. Conforme avanza la edad, la segregación es más frecuente, lo que explica que el número de personas con discapacidad que llega a la Universidad sea reducido. Además, por sexo, las mujeres son más discriminadas.

En este escenario, el informe de Funcas reivindica aumentar las medidas de apoyo a la diversidad, pero siempre desde un contexto inclusivo. "No hay que confundir el procedimiento técnico, esto es la educación especial, con el lugar donde esta se presta: el centro escolar segregado".

Y añade: "La educación de la persona con discapacidad, como la de cualquier otra persona, se relaciona con una mejor calidad de vida y, junto con el empleo, supone el puente hacia la participación social y el reconocimiento de los derechos de ciudadanía". En este sentido, "el papel de la inclusión en la enseñanza y en los sistemas formativos se revela así crucial en relación con la integración social".