El Gobierno se ha quedado prácticamente solo en su intento por alcanzar un pacto social y político por la educación, pero el ministro del área, Ángel Gabilondo, corroboró su intención de impulsar todos los objetivos incluidos en la propuesta.
Los partidos políticos, las comunidades autónomas y los agentes educativos estaban emplazados a fijar ayer su posición respecto a ese pacto educativo, pero la jornada comenzó con el "no" rotundo del Partido Popular.
Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, explicó en rueda de prensa que el pacto "no es posible" porque el Gobierno no ha querido reformar un modelo educativo "fracasado" y porque un pacto de Estado debe ser "ambicioso y en profundidad", cualidades que a su juicio no contempla la propuesta del Gobierno.
Según el PP, el Ministerio de Educación no ha atendido "ninguna" de sus propuestas de fondo, entre ellas la de garantizar que el castellano sea lengua "vehicular" de la enseñanza en toda España y la de "ampliar" las libertades educativas.
Gabilondo, en rueda de prensa, lamentó esa actitud: "Nos va a costar más sin el PP, vamos a ir quizás más lentos y quizás menos lejos como país; tardaremos más en lograr los objetivos y tal vez serán menos estables y sostenibles; espero que no lleguemos demasiado tarde", dijo.
El titular de Educación agregó que "inmediatamente" convocará la conferencia sectorial de educación, la de universidades y las mesas con los agentes educativos.
El ministro aseguró que "amplios sectores" educativos, sociales y partidos y los ciudadanos apoyan el documento definitivo y que se seguirá trabajando para los consensos, pero ha reconocido que el escenario "cambia un poco, pero claramente" sin el PP porque ya no es un pacto de Estado.
Tras conocer la posición del principal partido de la oposición, el PNV aseguró que el pacto "ya no tiene ningún sentido", y pidió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que lo descarte y que concrete las 22 reformas legislativas que pretende llevar a cabo para mejorar el sistema educativo.
A esa negativa se sumaron también (el miércoles ya expresaron su rechazo partidos como ERC o UPyD) Izquierda Unida o el BNG, mientras que CiU no ha fijado su posición al respecto y no hará pública su postura hasta la próxima semana.
La responsable de Educación de Izquierda Unida, Loles Dolz, consideró que el documento es un "cheque en blanco" que no contempla mejorar la calidad de la enseñanza pública ni de la formación, ni de las condiciones laborales de los profesores, ni fomenta la participación democrática de los centros educativos.
La diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila trasladó al ministro las dos razones fundamentales de la negativa: "La insuficiente apuesta por un modelo educativo público y la cuestión lingüística, ya que -dijo- no se hace un reconocimiento de los derechos lingüísticos" en el texto.
Entre los agentes sociales de la comunidad educativa que fijaron posición está la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritario en el sector de la enseñanza, que valoró algunas de las medidas del texto propuesto por el Ministerio, aunque expresó "dudas razonables" sobre la suficiencia de la financiación propuesta.
Según CCOO, un pacto de estas características sólo sería viable si es suscrito por el conjunto de las fuerzas políticas y los gobiernos de las comunidades autónomas, ya que en caso contrario no se darían, a juicio de esta central sindical, las condiciones necesarias para su aplicación y desarrollo, e implicaría que no pueden apoyarlo.
Las principales asociaciones de padres de alumnos -la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA)- expresaron su disposición a seguir negociando hasta alcanzar un amplio acuerdo.
Pedro Rascón, presidente de CEAPA, no consideró fracasado el pacto y ratificó el deseo de su organización de seguir negociando para consensuar las reformas que precisa el sistema educativo.
Un pacto social
El presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, señaló a la agencia Efe: "A la vista de que no va a ser un pacto político, vamos a ver si puede ser uno social" y agregó que su asociación está dispuesta a trabajar, si bien "la pelota está en el tejado del Ministerio".
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, propuso "cosas sensatas" en materia educativa pero "insuficientes" para alcanzar un pacto en educación. Según añadió, a la propuesta del Gobierno le "faltan cosas".
"Yo quiero educar a mis hijos como yo quiera, no como me diga la administración. Creo en la libertad de educación, creo en el idioma. Mi hijo tiene derecho a estudiar en castellano y se pueden hacer mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación", declaró en una entrevista en Onda Cero.
El líder del PP recordó que en todos estos años se aplicó la legislación aprobada por el PSOE porque la Ley de Calidad de la Enseñanza que impulsó el PP "la liquidó" José Luis Rodríguez Zapatero al ganar las elecciones en 2004 y no llegó a entrar en vigor.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al PP de "irresponsable" por anteponer sus derechos "partidistas y electoralistas" al pacto por la educación.