Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro municipios con mayor población de Canarias, acordaron ayer solicitar la creación de una "ventanilla única" a las empresas suministradoras de energía eléctrica para "facilitar" la tramitación del bono social eléctrico por parte de las personas con dificultades para afrontar el pago de la luz.

La propuesta fue acordada en la reunión que mantuvieron los ediles de Servicios Sociales Jacinto Ortega (Las Palmas), Diego Ojeda (Telde), Óscar García (Santa Cruz) y Flora Marrero (La Laguna) para analizar las dificultades de los consistorios a la hora de asumir la carga de trabajo y financiación derivada del nuevo bono social eléctrico.

Los concejales explicaron que los cuatro ayuntamientos pedirán una reunión con el Gobierno de Canarias, la Fecam y las eléctricas para solicitarles que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono con el que las familias podrán obtener un descuento de hasta un 40% en su factura de luz, evitando así que los usuarios tengan que realizar una peregrinación por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias.

Asimismo, solicitarán que sea el Ejecutivo regional el que expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es el que tiene asumidas estas competencias. El Estado, por su parte, debe hacerse cargo de la certificación de las víctimas de terrorismo.

Los cuatro municipios citados son, además, los que tienen un mayor número de beneficiarios de los servicios sociales, con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales. Los cambios derivados del Real Decreto del Bono Social suponen para estos consistorios un "aumento considerable" de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social, porque se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de esta ayuda y la mayor parte de ellas reside en ellos.

Otro de los asuntos abordados ayer fue solicitar una mayor flexibilidad en los plazos establecidos para ejecutar y justificar los proyectos de Bienestar Social de 2018. Los representantes municipales reclaman que estos proyectos puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre.