El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha planteado la necesidad de estudiar "las posibles alternativas" para lograr una solución a los elevados precios del carburante en la Isla, que tal y como informó EL DÍA recientemente es 20 céntimos por litro de media más caro que en Tenerife.
Cabrera informó de que la institución insular recauda cada año unos 870.000 euros debido a la aplicación de una tasa que corresponde a 0,02 euros por litro de combustible, que se abona por el consumo de gasolina 95, 98 y gasóleo, "siendo la más elevada que permite la norma y que se aleja considerablemente del 0,0017 que correspondería aplicar si no existiera una ordenanza reguladora por parte de la corporación palmera".
A propósito, los populares aclaran que se observa cómo en La Palma el precio del carburante está también viéndose afectado por la doble insularidad y los costes adicionales que esa realidad lleva aparejada, por lo que entienden que los diferentes partidos políticos con representación en el Cabildo "debemos sentarnos para entre todos y de manera consensuada buscar una solución a esta materia". Para ello, han pedido la convocatoria urgente de una comisión.
Carlos Cabrera indica que cada vez que un palmero va a repostar en su vehículo paga una media de un euro al Cabildo como tasa, "y con esa realidad se deben tomar medidas para intentar ajustar los precios especialmente de cara al sector del transporte, que se está viendo claramente perjudicado por este asunto". El sector del taxi y un grupo de transportistas expresaron a esta redacción las dificultades que están encontrando para hacer negocio por el elevado precio al que ahora están pagando el gasoil.
El consejero popular entiende que la institución insular "no debe comportarse únicamente como sujeto espectador pasivo sino que tiene que tomar medidas", que en realidad "puede hacerlo dentro de sus competencias, para que el precio del carburante sea inferior y repercuta en el bolsillo de los palmeros".
Hace hincapié en que "no se trata de tomar medidas improvisadas, sino que sean contrastadas y, posteriormente, se les haga un seguimiento para que el beneficio del abaratamiento repercuta a los ciudadanos".
Carlos Cabrera defiende que "si queremos de verdad tener una isla competitiva no podemos, ante la continua demanda de un sector como el del transporte, seguir haciendo oídos sordos y más cuando hay posibilidades económicas en la administración para tomar medidas".