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El nacionalista Álvaro Dávila no se plantea dimitir tras su imputación

El alcalde asegura que tiene la conciencia "muy tranquila" ante la denuncia de los ediles del PP y la anterior interventora por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho.
R.S., Tacoronte
28/nov/14 1:55 AM
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El nacionalista Álvaro Dávila no se plantea dimitir tras su imputación

El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (CC), ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa para informar sobre su imputación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho a raíz de una denuncia de los concejales del PP en Tacoronte y la anterior interventora del consistorio, que dejó el cargo por unas supuestas presiones que Dávila negó ayer. El mandatario nacionalista aseguró que no se ha planteado dimitir, que tiene la conciencia "muy tranquila" y que espera que el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna le cite "lo antes posible" para poder "aclarar todo lo que haya que aclarar".

"No hay motivos para dimitir. Todo lo que he hecho se ha ajustado a derecho, tengo la conciencia muy tranquila y lo único que me preocupa es mi familia. No pienso dimitir", recalcó. Ante la posibilidad de que se investigue su patrimonio personal, Dávila insistió en que está "más tranquilo que todas las cosas".

El alcalde tacorontero dijo que se enteró de su imputación la noche del miércoles a través de los medios de comunicación y por eso "a primera hora de la mañana" del jueves se personó en el juzgado para recoger el auto. "Se me acusa de varios delitos, pero no se especifican los motivos y yo no sé por qué se me acusa de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias", relató.

El mandatario tacorontero subrayó que, de momento, solo sabe que se le imputa por "levantar los 194 reparos que en 2012 hizo el interventor que ocupaba el cargo entonces, ya fallecido, y por pagar incentivos a la secretaria municipal y al jefe de la Policía Local supuestamente de forma irregular".

Dávila dijo que la mayoría de los reparos los tuvo que levantar porque cuando llegó al ayuntamiento en junio de 2011 la técnico municipal de contratación le informó de que "había 27 contratos que estaban caducados desde hacia años o a punto de caducarse. Por eso el interventor reparaba cada pago que se hacía por esos contratos. Estaban caducados, por ejemplo, los contratos del alumbrado público, la telefonía móvil, el mantenimiento de jardines o la ayuda a domicilio".

"Tenía dos opciones, dejar de pagar y dejar al municipio a oscuras, al ayuntamiento sin telefonía móvil, secar los jardines o a los mayores sin ayuda a domicilio, o levantar los reparos. Los levanté y en estos años hemos ido regularizando todos los contratos caducados", señaló.

"Muchos de los reparos levantados eran pagos de ayudas de emergencia para comer -remarcó-, porque el anterior interventor entendía que no se les podían pagar si debían recibos del IBI o de otras cuestiones al ayuntamiento".

El alcalde también citó y repartió un acta plenaria del 13 de septiembre de 2013 en la que Teresa Barroso (PP), una de las denunciantes, felicita al alcalde por levantar los reparos.

Todos los reparos de la denuncia no fueron levantados por Dávila. Según aseguró hay reparos levantados por Ana Díaz (exedil del PSOE), Carlos Medina (PSOE) o Andrés Ramos (CC-PNC).

Respecto a los pagos a la secretaria y el jefe de la Policía Local, el alcalde de Tacoronte dijo que "se pagaban desde 2005 por un decreto firmado por el anterior alcalde, Hermógenes Pérez" por trabajos extras. Un decreto que se consideró irregular tras la moción de censura y la llegada al gobierno del PP.

Respecto a las contrataciones por parte del ayuntamiento de empresas que hicieron trabajos para CC en campaña electoral, Dávila admitió que contrató a algunas de esas empresas y le restó importancia: "Sí contratamos a empresas que en la campaña nos hicieron una pancarta, un folleto, un vídeo o un brindis para hacer trabajos similares para el ayuntamiento, como se habían contratado anteriormente".

Dávila también destacó ayer que la denuncia de los ediles del PP, a la que se unió en enero de 2014 la anterior interventora, "se presentó en diciembre de 2013, unos días después de que la justicia anulara la moción de censura". Y que las dos denuncias, del PP y de la inventora, se tramitaron con el mismo abogado, Raúl Alonso.

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