La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado recientemente al Ayuntamiento de Santa Úrsula diversa documentación relacionada con la obra de demolición y desmonte del centro cívico de la Tosca de Ana María, que el exalcalde Ricardo García Gutiérrez (AISU) adjudicó en agosto de 2008 por un importe de 137.000 euros a la empresa Román Peraza y de León S.L., propiedad de su cuñado. Esta investigación de la Fiscalía forma parte de las Diligencias de Investigación Penal 163/2013.

Según ha podido saber EL DÍA, el ayuntamiento ha remitido ya a la Fiscalía una copia del expediente administrativo del contrato de ejecución de esta obra; una tasación de Tinsa S.A. que recogía que la edificación "presentaba graves deterioros en su interior, lo que había obligado a apuntalar el forjado de la planta baja y prohibido su uso"; un informe de la Oficina Técnica Municipal, y un informe técnico emitido a instancias de la Alcaldía tras el aviso del peligro de desprendimiento del forjado.

El anuncio de adjudicación definitiva de esta obra se publicó en dos ocasiones en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en noviembre de 2008 y octubre de 2009. Según el BOP, la obra se adjudicó el 20 de agosto de 2008 mediante un procedimiento "negociado sin publicidad" a la empresa Román Peraza y de león S.L.

Se da la circunstancia de que en junio de 2011, el exsecretario del Consistorio de Santa Úrsula Octavio Manuel Fernández Hernández denunció ante la Fiscalía Provincial al exalcalde Ricardo García (AISU) por la supuesta adjudicación irregular de obras a la empresa de su cuñado (Román Peraza y de León S.L.) durante ocho años.

El que fuera secretario municipal de Santa Úrsula entre el 31 de marzo de 2009 y el 27 de abril de 2010 dijo entonces que se trataba de "un caso de tráfico de influencias como una catedral".

Este periódico contactó con Ricardo García, quien insistió, como en junio de 2011, en que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" y que "ningún técnico" le dijo "nunca" que fuera ilegal "adjudicar obras a la empresa de un familiar, en este caso mi cuñado, que se presentó a varios concursos y unos los ganó, por presentar la mejor oferta, y otros los perdió. La vinculación familiar era conocida y nunca se dio ningún trato de favor. Nunca aprobé nada con informes en contra".

"Ya declaré por este asunto de las obras adjudicadas a esa empresa en un Juzgado de La Orotava y creo que no se encontró ninguna situación anómala", recalcó.

García defiende la legalidad del procedimiento de la obra de demolición del centro de la Tosca de Ana María, "que tenía problemas estructurales".

EL DÍA solicitó más información sobre este asunto a la actual alcaldesa, Milagros Pérez (PP), quien señaló que "simplemente hemos aportado la documentación requerida por la Fiscalía sobre una actuación que se desarrolló en el mandato anterior, cuando gobernaba AISU. Nos limitamos a colaborar con la Justicia".