La Justicia belga decidió anoche la libertad bajo medidas cautelares del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros huidos, tras las audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas y después de entregarse.

Tanto el expresidente como los "exconsellers" declararon desde las 15:00 hasta las 19:00 (hora canaria), por separado, y abandonaron la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús. A la salida no hubo declaraciones ni de Puigdemont ni de sus exconsejeros. Unas quince personas con la "estelada" gritaron coincidiendo con la salida del minibús con los políticos catalanes "ánimo", "no estáis solos".

Se espera que ahora las autoridades judiciales belgas informen de los siguientes pasos que pretenden dar en relación a los exdirigentes de la Generalitat de Cataluña. En la noche de ayer se esperaba un comunicado de la Fiscalía belga especificando los detalles de la situación procesal de los implicados.

Todo eso se produjo después de que el expresidente y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas se entregasen a la Justicia belga en calidad de detenidos y de que rechazaran su traslado ante las autoridades españolas por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 8:17 (hora canaria), explicó en una comparecencia de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.

La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó.

Se produjo en una Comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde permanecían en la tarde de ayer en "privación de libertad", es decir, "sin libertad de movimientos" y obligados a no salir del edifico, si bien no estaban en un calabozo, indicó el portavoz del Ministerio Público.

En cada una de esas vistas estuvieron presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues eligieron que la comparecencia fuese en neerlandés, agregó Dejemeppe.

El que fuera 130 presidente de la Generalitat de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert.

"El juez deberá decidir en 24 horas, es decir, antes de las 9:17 [hora peninsular] de mañana [por hoy]", dijo antes de que se conociese el resultado el portavoz de la Fiscalía, quien puntualizó que, si el juez de instrucción "considera que no debe liberarles, serán conducidos a prisión".

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público en una rueda de prensa en francés, inglés y neerlandés.

No obstante, matizó que, si no se ordena su ingreso en prisión (lo que finalmente no ocurrió), el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días. Esto es, que en ese caso Puigdemont no hubiese sido entregado a España antes del 21 de diciembre, cuando hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña a las que pretende concurrir y para las que su partido, el PDeCAT, le ha propuesto como cabeza de lista.

El expresidente autonómico se manifestó públicamente por última vez en la noche del sábado, a través de la red social Twitter y en neerlandés, con un mensaje en el que se decía "plenamente" dispuesto a colaborar con la Justicia belga.

El entorno del político independentista en Bruselas dijo ayer a los medios de comunicación que su interpretación de la situación jurídica de Puigdemont es que no estaba detenido, sino "a disposición" de las autoridades belgas, actitud que "se enmarca en su voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un procedimiento justo e imparcial".

Sánchez discrepa de la vía penal como solución

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió ayer que la Justicia actúe en un Estado democrático, pero reivindicó que "la única solución" al "problema" de Cataluña se encuentra en la vía "política" y no en la penal. En estos términos se expresó el líder de los socialistas en la clausura del congreso del PSOE Aragón. La crisis de Cataluña, marcada en estos últimos días por la estancia del expresident Carles Puigdemont en Bruselas y por la entrada en diferentes prisiones madrileñas de buena parte del que fuera su gabinete, dominó gran parte de la intervención de cierre de Sánchez.

El líder socialista dejó claro que quien "ha hecho más contra el autogobierno de Cataluña es el secesionismo", que no solo "ha traicionado el verdadero catalanismo", sino que, además, no enarbola ninguna bandera de izquierdas porque ha lesionado la igualdad de los ciudadanos y la estabilidad de los trabajadores. De hecho, en referencia a otros partidos de su mismo espectro (aunque en ningún momento de la intervención citó a Podemos), recalcó que "la única izquierda que ha entendido donde debía estar es el PSOE". Porque la del Partido Socialista, según subrayó, es "la izquierda de gobierno" que "entiende España de modo plural y diverso".