El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha admitido llamar a declarar como testigo a Soledad Saavedra, la esposa del expresidente del Principado y senador socialista Vicente Álvarez Areces, en el juicio por el caso Marea, la mayor causa por corrupción abierta en Asturias.

La declaración de Saavedra, por su condición de exjefa de Formación del Instituto público Adolfo Posada, fue solicitada ayer por el abogado de uno de los empresarios que se sientan en el banquillo acusado de participar en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos desde la Consejería de Educación a cambio del pago de favores.

El letrado Miguel Valdés-Hevia, representante del gerente de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, pidió que la esposa del que fuera presidente de Asturias entre 1999 y 2011 testificase para explicar los gastos "catedralicios" imputados a este centro dedicado a la formación de funcionarios en una documentación entregada por la propia administración.

Esta petición no recibió el rechazo de la Fiscalía ni del Principado, que actúa como acusación particular, si bien la abogada de la administración regional había advertido en la sesión de hoy de que podría tratarse de un intento de "politización".

El Tribunal ha informado de su decisión al término de la segunda y última de las sesiones del juicio dedicadas al planteamiento de las cuestiones previas.

Los magistrados deberán pronunciarse en los próximos días sobre el resto de cuestiones previas, como la petición de nulidad planteada por las defensas de los acusados de las escuchas telefónicas y los registros domiciliarios realizados durante la fase de instrucción, algo a lo que la Fiscalía se ha opuesto.

La adopción de una decisión sobre estas cuestiones podría retrasar la reanudación del juicio, que en principio mantiene para el próximo 13 de abril el inicio de la declaración de los trece acusados en esta trama de adjudicación irregular de contratos públicos.

Los siete principales acusados, entre los que se encuentran el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero, afrontan penas que suman 57 años de prisión, por su presunta implicación en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos que podría ascender hasta los 9 millones de euros.