La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado este viernes que, a su parecer, el dimitido presidente del órgano de Gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, debería haberse explicado antes y mejor, porque la "opacidad" de su actuación ha generado "muchísimas dudas" en la ciudadanía.
"¿Se tenía que haber explicado mejor? Pues sí. ¿Tenía que haber dado una justificación más adecuada sobre ese gasto, y sobre cómo distinguir lo público y lo privado durante el fin de semana? Creo que sí. Creo que ha faltado explicación, no sólo desde el punto de vista del contenido sino también desde el punto de vista temporal", ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
Según Bravo, la "opacidad" que ha caracterizado, a su parecer, el comportamiento del expresidente del Supremo, por "la falta de explicaciones" y por la ausencia de una intención "contundente" de acudir al Congreso de los Diputados a comparecer "ante los representantes del pueblo", ha generado "muchísimas dudas en la ciudadanía".
"La entiendo (a la ciudadanía) y la comprendo, porque en este país y sobre todo en un momento como el actual no nos podemos permitir el lujo ni siquiera de tener sospechas. Y claro que el presidente Dívar tiene que actuar con la máxima ejemplaridad y no sólo no usar fondos públicos para fines privados, sino parecerlo", ha señalado.
INEVITABLE "DECISIÓN DRÁSTICA"
Asimismo, Bravo ha manifestado que, a su parecer, era "imposible" que el CGPJ siguiera funcionando con normalidad y estabilidad sin la "adopción de una decisión drástica y contundente" como el anuncio de dimisión realizado ayer por Dívar.
"Una cuestión es que los hechos desde el punto de vista penal no tengan relevancia penal, y otra es en qué medida a lo largo de estos más de 30 días, todos estos acontecimientos y la concatenación de algunos errores han producido una imagen de deterioro y de desprestigio que ha afectado al Tribunal Supremo y a la credibilidad de la Justicia", ha asegurado.
Preguntada sobre si ella cree que el hasta ayer presidente del CGPJ debería devolver los fondos públicos con los que financió sus viajes y sobre si considera que es culpable, la portavoz se ha remitido a las dos resoluciones dictadas por la Fiscalía y el Supremo, las cuales, ha recordado, "entienden que los hechos no son constitutivos de una infracción penal".
"Por eso ni si quiera entienden que corresponde abrir una investigación" ha apostillado, para reconocer, no obstante, que desde su punto de vista no es "normal" que se utilicen fondos públicos para fines privados. "Usar fondos públicos para fines privados es un delito", ha aseverado.
En este sentido, ha admitido que aunque los hechos no constituyen un delito penal según las dos resoluciones mencionadas, es lógico que se haya abierto "una brecha de credibilidad" de la que, ha reconocido, "es muy difícil recuperarse", sobre todo "si a eso se le une la batalla mediática" que ha ocasionado, a su parecer, un "juicio paralelo" y "una campaña muy dura" contra Dívar.
FALTA TRANSPARENCIA
"En este país jamás la justicia se había visto ante una dimisión de su presidente y que el Pleno de la Sala Penal tuviera que reunirse para valorar si se admitía o no la querella. Todo esto ha servido para hacer examen de conciencia y darnos cuenta de que la metodología no ha sido suficientemente transparente y se ha generado una sombra de sospecha" ha afirmado.
Al hilo de esto, ha recordado que en el próximo Pleno del Consejo del 28 de junio se va a presentar un documento que elabora la Comisión de Presupuestos y que "va a permitir la modificación de la norma" para conseguir "una adecuada concreción del gasto relacionado con la actividad y desde luego una mayor transparencia".
Preguntada sobre el comportamiento del vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, al presentar una querella contra Dívar por los gastos de sus viajes a Marbella directamente ante la Fiscalía "sin haber puesto en conocimiento del Pleno la cuestión", Bravo ha afirmado que tanto ella como algunos vocales entendieron esa actuación como "desleal" y mostraron "un gran malestar".
"La noticia en sí de la denuncia ante la Fiscalía abría una "grandísima brecha institucional", ha dicho, para añadir, no obstante, que está convencida de que Gómez Benítez tomó esta decisión desde el "convencimiento de que había indicios y sospechas".
En cuanto a si la vía judicial sobre los viajes de Dívar está cerrada, teniendo en cuenta las dos resoluciones ya dictadas que no ven delito en su actuación, Bravo ha afirmado que, a su parecer, sí lo está, pero que podría interponerse una nueva querella "por hechos distintos" que fueran otra vez valorados. "No puedo adivinar lo que puede suceder en el futuro", ha apuntado.