El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón negó ayer en el Tribunal Supremo haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios procesados en el "caso Gürtel" al ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados.

El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional declaró ayer desde las 10:30 hasta las 14:30, ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados por su presunta participación en la trama.

Garzón rehusó contestar a las preguntas de las acusaciones y sólo respondió a las del fiscal y de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, así como a las que hizo el instructor. Al parecer, Garzón afirmó que el objetivo de las escuchas no era la de conocer las estrategias de defensa de los letrados, sino investigar una trama de especial "complejidad" y evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde la cárcel. De hecho, argumentó que eran la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.

A su salida de la declaración, Peláez apuntó que "el magistrado no ha sabido dar explicaciones de la razón por la que no desglosó la intervención de las conversaciones que afectaban al derecho de defensa" y se mostró convencido de que Garzón ordenó las escuchas sabiendo que era injusto hacerlo y de que la causa continuará adelante en el Supremo ya que el juez de la Audiencia "no ha dado unas explicaciones convincentes".

El letrado que presentó la querella, y que fue fiscal de la Audiencia Nacional, sostuvo que le resulta difícil no haber tenido el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid y tener que tomar la iniciativa de querellarse en solitario "defendiendo la profesión de la abogacía".

Mientras, la Fiscalía presentó ayer un recurso ante el Supremo en el que solicita la "nulidad radical" de los autos por los que el magistrado Luciano Varela dio un plazo a las acusaciones populares de Manos Limpias y Falange para enmendar sus escritos de acusación al entender que éstos contenían elementos ajenos al objeto del procedimiento.

El escrito solicita la nulidad de pleno derecho de ambas resoluciones, dictadas por el magistrado los días 20 y 21 de abril, ya que entiende que con estas resoluciones Varela prescindió de las "normas procesales esenciales, causando indefensión del querellado". Así, pide la "retroacción de las actuaciones al momento posterior a la presentación de los primitivos escritos de acusación", en los que se solicitan hasta 20 años de inhabilitación para Garzón.