El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que tomará acciones legales ante las sanciones que impuso hoy Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su filial en ese país, Citgo, empresa que, aseguró, la Administración de Donald Trump pretende "robar".

"Se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas, alerta Venezuela, los Estados Unidos, hoy, han decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela", agregó el gobernante al recibir en el palacio presidencial de Miraflores a jefes diplomáticos que estaban destacados en la nación norteamericana.

Estados Unidos sancionó este lunes a la estatal Pdvsa en el proceso de presión contra el Gobierno de Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo, según anunció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Las sanciones afectan a 7.000 millones de dólares en activos de Pdvsa en Estados Unidos, y, de acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, provocarán otros 11.000 millones de dólares en pérdidas para la petrolera a lo largo del próximo año.

En ese sentido, Maduro dijo que la medida demuestra que Estados Unidos persigue arrebatar a Venezuela sus riquezas naturales, y anunció que instruyó al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, a que inicie "acciones políticas (y) legales ante tribunales estadounidenses y del mundo" en defensa de la "propiedad y riqueza de Citgo".

El presidente venezolano también acusó al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, de haber impulsado estas sanciones, que significan un duro golpe al flujo de caja del país.

Estados Unidos toma estas medidas restrictivas en medio de la elevada tensión política que sacude a Venezuela después de que Guaidó asegurara que asumió las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que, considera, hace Maduro de la Presidencia.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.

Por ello, la oposición afirma que "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.