El Parlamento canario, con los votos de CC, PP y ASG, impidió la semana pasada que se debatiera una propuesta de ley de NC sobre la implantación de una tasa turística en las Islas, pero la discusión no ha hecho más que arreciar y la división entre favorables y detractores ha llegado, incluso, el seno de partidos que, como CC, mantienen una postura oficial contraria. A la apuesta por un impuesto así, que sea finalista y se reinvierta en mejorar el destino, se sumó hace poco el consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, Alberto Bernabé (CC), pero ya lo había hecho el de Lanzarote. Ángel Vázquez. ¿Y qué piensan sus jefes? ¿Cómo lo ven los presidentes insulares? La edición de Fitur de 2019 los reunió a todos y El Día les sondeó sobre una cuestión que, si bien no es prioritaria ni acertada para unos, otros la creen perentoria.

El máximo responsable del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, considera que "todavía hay base fiscal para obtener más ingresos del sector. Una tasa así sí la vinculo a cuestiones de movilidad y de ahí que propusiera la de coches de alquiler. La otra fórmula, la tradicional, la del alojamiento, nos obliga a mirar la coyuntura, y creo que no debe producirse en un momento como el actual, con mucha incertidumbre. Además, aún estamos muy pegados a la subida del 5 al 7% del IGIC en 2012, lo que supuso un 40% más de recaudación y de margen frente a otros destinos. Sinceramente, creo que debemos avanzar hacia esa tasa, pero no ahora". Preguntado sobre si se perdió la oportunidad con los récords absolutos de 2017, insiste en que aún era reciente la subida del IGIC al 7% (ahora se ha bajado al 6,5), por lo que plantea "esperar un poco y hacerlo bien para que no pueda afectar negativamente en los contratos". Eso sí, no tiene muy claro que deba llamarse o concebirse como "ecotasa, aunque sí debe ser una tasa sobre la actividad turística".

El más favorable y entusiasta, sin duda, es el presidente grancanario, Antonio Morales (NC). Según remarca, se muestra "convencido de que terminará imponiéndose, como se está imponiendo en la mayoría de ciudades y destinos más importantes del mundo. Creo que deberíamos avanzar en la búsqueda de un consenso y, para eso, he hecho una propuesta que, además, la puse en práctica en el polígono industrial de Arinaga: que sea el sector, con empresarios, sindicatos y administración, el que decida a qué se destina ese impuesto; que no sea uno más, sino finalista y para el sector. Para mí, esto es fundamental si queremos disponer de recursos para renovar las infraestructuras, aparte de que esta fórmula se utiliza hoy, incluso, en los países competidores. Por tanto, creo que se terminará imponiendo y, de hecho, ya han surgido, en CC, algunos cargos que lo apoyan, con lo que es una alternativa que debe plantearse".

Pese a la posición favorable del PSOE desde que salió del Gobierno, su presidente en La Palma, Anselmo Pestana, mantiene una postura más ambivalente. La respalda con matices, pero no lo cree ni urgente ni un debate prioritario. "La discusión se está extendiendo en todo el mundo y, tarde o temprano, llegará, aunque tampoco es cuestión de estar debatiéndolo ahora. Nos ha ido bien con la subida del IGIC en su día, y creo que ha sido un error bajarlo ahora del 7 al 6,5%, pues son recursos que, fundamentalmente, van a al sector turístico y, quizás, de no haberse reducido no se estaría hablando de la tasa. También es verdad que se discute en muchos sitios y en otros está implantada y no ha implicado ningún problema. En general, estoy a favor, aunque habría que ver cómo, pues hay sitios en los que son tasas locales (Barcelona, Reus, París...) y ayudan, por ejemplo, a financiar la recogida de residuos. El sector es muy sensible porque teme que tenga un efecto disuasorio. Habría que ver la cuantía, pero han subido los alojamientos en estos años y no ha pasado nada, si bien es verdad que antes se bajaron porque la crisis fue durísima".

En la otra orilla, y totalmente seguro de lo poco idóneo que sería, sobre todo ante los nubarrones que se anuncian, se sitúa el presidente de Fuerteventura. Marcial Morales, que justamente el viernes anunciaba que deja la política activa, señaló el miércoles a El Día que, "si llega a aplicarse, será solo cuando la fruta esté madura pero, en este momento, los debates son otros y así lo ha entendido la mayoría del Parlamento. NC es coherente con su posición, aunque en su día alguien que les representa no estaba de acuerdo. En todo caso, entiendo que el debate y esfuerzos comunes deben estar en mantener, en momentos de incertidumbre, las cifras turísticas que nos garantizan el bienestar que el turismo nos da. Otros debates pondrían sombras y no luz. Debió hacerse con vacas gordas, tenía sentido entonces, pero se desaprovechó esa oportunidad y ahora sería peor, pues debemos hacernos fuertes y no poner trabas que impidan atravesar lo mejor posible estos tiempos de incertidumbre".

Tampoco es partidario Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera por ASG. Aunque sabe que "la aritmética parlamentaria tendrá alguna novedad en mayo, pienso que este asunto no puede ser de preocupación, aunque sí de debate. Creo que, más que una tasa a aplicar en cada establecimiento, que va de 0,5 a 1,5 euros por persona y día, debe preocuparnos más posibilitar distintas actividades vinculadas al ocio y cobrar por ellas. Eso tiene más lógica. Por ejemplo, el parque Garajonay: hacer ciertas rutas y cobrar por guías. Canarias son islas y cada una tiene sus peculiaridades. Si quisiéramos aplicar una tasa, como se dijo, en las visitas al parque, sería muy complicado, pues hay 4 o 5 entradas".

También en la oposición, aunque con mucho más argumentario, se encuentra Belén Allende (El Hierro, AHI-CC). A su juicio, "la tasa no puede venir emanada solo del Parlamento, porque creo que ha perdido la perspectiva de Canarias al reproducir estereotipos de hace mucho tiempo. Solo se analiza el efecto que puede tener una tasa así para las islas consolidadas, las mal llamadas mayores y, en este debate, las otras debemos estar sentadas y se nos debe escuchar. Está muy bien regular un sector que, de alguna manera, debe apostar por la calidad frente a la cantidad, pero no creo que la calidad venga con una tasa, sino por lograr que tus espacios naturales no se sigan degradando y por controlar que se cumpla las leyes de conservación de los mares, de residuos, ciclo del agua y de lo que nos hace tan extraordinarios que nos permite consolidar la calidad del turismo que nos llega. No es cuestión de batir récords de visitantes, sino de gente que aprecia el destino y gaste. Esa tasa no la veo para El Hierro, que está luchando y haciéndose un hueco casi en solitario, aunque hemos tenido la comprensión del Gobierno para mejorar la conectividad por mar con las otras Islas Verdes. No obstante, hemos hecho un esfuerzo inversor superior a la media canaria para, con mucha imaginación, ser cabeza de lanza en el turismo de naturaleza, algo que acuñamos y ya nadie discute que debe estar en las ferias. Vamos a muestras especializadas porque queremos también ser diferente en el mercado de Canarias para establecer flujos. Si me ponen una tasa, difícilmente un turista que hará una noche en Gran Canaria o Tenerife incrementará algo más un viaje que ya es carísimo, ya que le cuesta 240 euros ir a El Hierro en un binter. Que no me digan que hablan en nombre de Canarias, porque en esas cuentas de la vieja no nos ponen. Canarias somos 8. Nos falta madurar para llevar las cosas al Parlamento más estudiadas y trabajadas".

Desde Lanzarote, sin embargo, llega otra voz discordante dentro de CC. Su presidente, Pedro San Ginés, no esconde, como hace su consejero del área, que no comparte la postura de su partido, si bien es consciente del cambio de coyuntura. "Le voy a ser del todo franco, pero también prudente, a consecuencia del momento en el que estamos y habida cuenta de que no he traslado mi visión a quienes deberían aplicar esa tasa: las patronales turísticas. Creo que existen fórmulas para convencerles sobre que esta no es una vía a cerrar de manera definitiva. No comparto al 100% el planteamiento político de CC y no sé si he dicho lo suficiente".

Eso sí, sabe que su aplicación no tiene por qué ser inminente, "aunque Oscar Wilde decía que el aplazamiento es el asesino de la oportunidad. No obstante, cuando llevamos tantos años con un proceso de este calado, ni tiene ni debe ser urgente. Al contrario, hay que dialogar muchísimo hasta convencer sobre su destino y cuánto podría beneficiar al sector, que hoy lo ve como un elemento peligroso para la competitividad del destino".

Como se puede ver, un debate candente con muchas visiones, incluso sobre su apremio.

Carlos

Alonso

PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE (CC)

Antonio

Morales

PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA (NC)

Alquiler vacacional, otra gran grieta del subsector

De los otros grandes debates sobre turismo, y más con el último fallo del Supremo, sobresale el del alquiler vacacional, que afecta también a la opción de hallar casas a precios llevaderos para rentas medias y bajas. También en este caso, los presidentes mantienen diferencias, pero la mayoría lamenta la tardanza del Gobierno regional en aprobar el nuevo decreto. Alonso se siente "muy cómodo" con el foco puesto por el borrador en cabildos y consistorios, "porque tenemos la gestión del territorio y sabemos en qué zonas puede desarrollarse sin que suponga una presión sobre la vivienda residencial y el espacio turístico. Hay margen para que todo conviva y, por ejemplo, a municipios como el Puerto le puede suponer un impulso a la actividad del apartamento tradicional, así como en las zonas mixtas de Los Cristianos". Para Morales (NC), cuanto más tiempo pase "se hará más complicado y forzará más enfrentamientos entre la ciudadanía, los sectores interesados en explotar casas y los turistas. Y no podemos llegar a eso. Se ha puesto el foco, en exceso, en los cabildos y ayuntamientos, y lo que no se puede hacer, como el presidente de Madrid con los taxis, al pedir que lo resuelva el consistorio, es despejar a córner y de tacón para quitarse de encima un problema. Se debe buscar un marco de diálogo con expertos jurídicos y turísticos, y tomar decisiones". En Lanzarote y Fuerteventura, la situación es crítica por la carestía de los alquileres y sus presidentes coinciden en que se trata de algo urgente, aunque complejo. Como Alonso, San Ginés ve bien que no se dé "café para todos, pues cada isla es distinta y es acertado que cada municipio y cabildo tengan mucho que decir. Incluso, hay sectores con distintas visiones según la isla". Para Morales (Fuerteventura), el borrador hace bien "al dar discrecionalidad, pero desde una base para todos". No obstante, exige una solución desde hace 3 años pues "esto no debe rebajar la calidad del turismo ni hacer prohibitivo el alquiler residencial". Desde las Islas Verdes, sin embargo, Pestana, Curbelo y Allende resaltan lo positivo de esta alternativa y, si bien abogan por su regulación (de hecho, en La Palma se han normalizado más de 800 plazas, 250 en El Hierro y 230 en La Gomera), consideran que no se debe tratar a todos por igual.