El Gobierno confía en que la reforma de las pensiones esté aprobada en julio, después de que ayer el Pleno del Congreso rechazara las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que presentaron el grupo de ERC-IU-ICV y los partidos UPyD y BNG.
Las enmiendas sólo fueron apoyadas por los grupos que las impulsaron (siete votos), mientras que los "noes" (175) se debieron al PSOE, CiU y Coalición Canaria (CC) y las abstenciones (151) al PP, PNV y UPN.
Tras este rechazo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, expresó su confianza en que el proyecto de ley pueda estar "perfectamente culminado y sin grandes dificultades en julio". Afirmó que espera que ahora haya un grado amplio de consenso, respaldo y participación en la tramitación parlamentaria, cuyo plazo de presentación de enmiendas concluye el 6 de junio.
Además, pidió que se respeten los contenidos esenciales firmados en el Acuerdo Social y Económico por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, así como las recomendaciones del Pacto de Toledo.
En la defensa del proyecto de ley, el ministro de Trabajo recordó que la reforma es fruto del consenso político y social (fue pactada con la CEOE, CCOO y UGT).
Destacó también que es proporcional, porque persigue una mayor correlación entre el esfuerzo contributivo y la pensión a percibir; es gradual, porque su entrada en vigor comienza en 2013 y finaliza en 2027, y es equilibrada, debido a que reparte los esfuerzos entre generaciones.
Las principales novedades que citó de la reforma son que eleva a 67 años la edad legal de jubilación, aunque mantiene la posibilidad de retirarse a los 65 con una carrera de cotización de 38 años y 6 meses; incrementa de 15 a 25 años los tenidos en cuenta para calcular la pensión, y reconoce a los jóvenes sus cotizaciones como becarios y a las mujeres trabajadoras el cuidado de sus hijos.
"Escándalo y burla"
Asimismo, indicó que la reforma tiene el objetivo de "preservar" el sistema público de pensiones, evitando su "sobrecarga" ante el incremento de los pensionistas y su esperanza de vida en los próximos 40 años. "Por ello es importante anticiparse", remarcó.
Gaspar Llamazares defendió la enmienda de ERC-IU-ICV porque es un "escándalo y una burla" que se suba la edad legal de jubilación a 67 años cuando Telefónica quiere prejubilar a sus trabajadores a los 50, mientras que Joan Tardá señaló que la reforma obedece al dictado de los mercados financieros.
Rosa Díez explicó que UPyD presentó la suya porque la propuesta del Gobierno es "precipitada, injusta e inútil".
De la enmienda de devolución del BNG, Olaia Fernández Dávila dijo que se presenta por el "claro" carácter antisocial del proyecto.
En cambio, el portavoz del PP Tomás Burgos admitió que la Seguridad Social tiene un problema serio, "pero no en 2060, sino hoy", por lo que defendió la necesidad de avanzar en la materia.
Por parte de CiU, Carles Campuzano discrepó "claramente" del planteamiento de las enmiendas.