El Gobierno suprimirá en torno a 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado al reducir del 8% al 5% el máximo de vacantes que podrán tener los departamentos y organismos de la AGE, lo que supondrá un ahorro estimado de 250 millones de euros.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también anunció la creación del Observatorio del Empleo Público que "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas.

De la Vega explicó que la reducción de las vacantes en la AGE se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y eficiencia de la Administración y "evitará desviaciones al alza" del salario de los empleados públicos.

Asimismo, dijo que el acuerdo de limitar el máximo de vacantes hasta el 5% se mantendrá durante todo el período de aplicación del Programa de Estabilidad, que se prolonga hasta 2013.

Esta limitación se hará a través de la amortización o supresión de vacantes de puestos de sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

La medida afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales.

Quedarán exceptuados las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos

Sobre la creación del Observatorio del Empleo Público aseguró que servirá para analizar la situación actual de empleo en las administraciones públicas y diseñar nuevos modelos de estructura con el fin de que los servicios sean más eficientes.

Explicó que el Observatorio estará adscrito al Ministerio de la Presidencia y tendrá representación de la AGE, de las entidades autonómicas y locales y de los sindicatos.

Entre sus funciones destacó las de la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos o el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público.

Asimismo se encargará de analizar y formular propuestas y recomendaciones sobre el empleo público del conjunto de las Administraciones Públicas y será un foro de intercambio y de comunicación de información al respecto entre las mismas.