No es noticia, sino comportamiento y hábito, la resistencia de la Generalitat de Cataluña a cumplir las leyes del Estado, de la Constitución para abajo, y las sentencias y resoluciones de los tribunales. Apoyada en movilizaciones orquestadas, tal uso sólo tiene la percha moral de la cuota independentista de su población -que merece respeto sea cual sea su cuantía- pero, hoy por hoy, es ilegal y moralmente repudiado por un sector del censo catalán, tan cuantioso, cuando menos, como el secesionista e igualmente respetable y, por lo que parece, por una sustantiva mayoría en el conjunto estatal.

Nadie duda, ni debe dudar, de la legitimidad de las demandas separatistas -porque todo cabe en un régimen de libertades- pero ningún demócrata puede incumplir las leyes y ampararse en los deseos frente a la norma superior que dio carta de naturaleza a la institución que ahora invoca en exclusiva su soberanía. Viene esta reflexión a propósito del incumplimiento de una sentencia judicial por parte del Gobierno autónomo sobre el expolio artístico -los murales románicos de Sijena, los mejores del mundo- reparado por fallo del Juzgado de Primera Instancia de Huesca que obliga al Museu Nacional d''Art, ubicado en Barcelona, a devolver las pinturas que, contra las decisiones de las autoridades religiosas y los órganos judiciales, mantiene como patrimonio propio.

Paradójicamente, los políticos independentistas se acogen ahora al ordenamiento estatal -que en otros casos desobedecen- para quedarse con un valor ajeno, del que se apropiaron cuando ciertas comarcas del Alto Aragón -en cuyo reino estuvo Catalunya como condado- dependieron de una diocésis y del Arzobispado barcelonés. La democracia corrigió estas anomalías y las instancias judiciales repararon algunos atropellos. En este caso concreto, ahora entran en juego las negativas políticas y las excusas técnicas -la imposibilidad de mover unos frescos pasados a telas- aportadas por expertos de parte, a las que se pueden oponer otras opiniones de parecida o superior cualificación. Y, ya en el colmo de la picaresca, recurren a la condición "de institución de derecho público que desarrolla la misión de conservar y difundir el Patrimonio Histórico". Habría que preguntar si el propio o el ajeno y, desde luego, devolver sin trampas ni dilaciones las pinturas a la oscense Sijena y a la comunidad hermana y vecina de Aragón.