Cientos de familias del barrio santacrucero de Añaza están viviendo unos días de angustia e incertidumbre bajo la amenaza del desahucio y el lanzamiento de sus viviendas en un bloque de protección oficial.

Desde un primer momento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, solicitaba la paralización inmediata de los desahucios y concedía un plazo de 48 horas, a la entidad bancaria y a las empresas asociadas que gestionan el inmueble, para que facilitaran información sobre sus intenciones e instándoles a que renovaran los contratos de alquiler a los vecinos.

Asimismo, en las últimas dos semanas, se ha dirigido a los juzgados que instruyen los procedimientos solicitando la paralización de todos los desahucios programados, al tiempo que ordenaba la activación del Protocolo Municipal Antidesahucios.

Santa Cruz ha sido una ciudad pionera en contar, desde el año 2012, con un protocolo antidesahucios que ha permitido paralizar, desde el ayuntamiento, casi 200 lanzamientos judiciales a familias con dificultades, evitando situaciones de exclusión residencial.

No obstante, una semana después del requerimiento municipal, no se había recibido ninguna respuesta formal de la entidad bancaria. La indefensión de las familias resulta manifiesta, puesto que no disponen de un contrato de alquiler y no se les pasan los recibos y, sin ello, no resulta posible que se les concedan las ayudas sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La decisión municipal no se hizo esperar, el alcalde ordenaba revisar la relación financiera con el banco y la inmediata retirada de dos millones de euros de los fondos municipales. A lo que se sumó el Cabildo de Tenerife con la retirada de 27 millones de euros de los fondos de esa corporación.

La firmeza de las instituciones obtuvo los resultados esperados y el banco accedía a sentarse a dialogar. La voluntad del ayuntamiento siempre ha sido la de encontrar una solución por la vía del diálogo y alcanzar un entendimiento con el banco. Pero no por ello el alcalde ha renunciado a mantener una actitud firme frente a una situación que dejaba indefensas y desamparadas a cientos de familias, la mayoría usuarias de los servicios sociales municipales.

Esta no es la primera vez que el alcalde, José Manuel Bermúdez, hace frente a un gran banco. En el año 2012 ya adoptó una media similar, cuando ordenó la retirada de 1,5 millones de euros de fondos del ayuntamiento en una cuenta corriente ante el desahucio de una vecina.

El alcalde Bermúdez ha estado siempre al lado de sus vecinos. Decenas de reuniones celebradas, casi a diario, en el ayuntamiento con las familias, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), todos los concejales con competencias directas en el asunto, y el resto de las administraciones implicadas, le han permitido hacer un seguimiento continuo de cómo ha ido evolucionando el problema, demostrando, una vez más, su implicación y su compromiso personal frente a los desahucios y la adopción de medidas encaminadas a proteger y salvaguardar los derechos de los vecinos en situación de vulnerabilidad.

También la coordinación y el trabajo conjunto del ayuntamiento con el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias han contribuido a reclamar la atención de la entidad bancaria.

Finalmente, las gestiones directas llevadas a cabo por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en Madrid con el consejero delegado de la entidad permiten vislumbrar la solución que podrá acabar con el sufrimiento de las familias de Añaza. Tras el encuentro, Clavijo daba a conocer un preacuerdo con el banco para la adquisición, por el Gobierno de Canarias, de las viviendas de las promociones del barrio de Añaza, propiedad de la entidad bancaria.

Esta vía de adquisición de viviendas a las entidades bancarias que cuenten con stock, bien de manera directa o a través de sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, resulta una fórmula idónea para que las administraciones adquieran viviendas a los bancos con el fin de que puedan ser puestas a disposición de los ciudadanos en régimen de alquiler social.

Tras varios días de incertidumbre, nos alegramos de que cuanto antes pueda formalizarse el preacuerdo anunciado por el presidente del Gobierno que va a permitir que las familias de Añaza puedan por fin dormir tranquilas en sus hogares.

*Diputada del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias