Se dice que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Hace años, en este país, la palabra era un contrato que obligaba con firmeza de hierro. En el mundo de las aguas, una transacción se cerraba con un apretón de manos, que era como una firma. Pero los tiempos han cambiado que es una barbaridad y los acuerdos ya no valen un pimiento, por mucho que estén firmados y sellados.

La Justicia ha condenado al Gobierno de España por haber incumplido con Canarias el convenio de carreteras, obligándole al pago de 138 millones de euros del año 2012. Los periódicos mal titularon "El Estado condenado a pagar a Canarias", porque el Estado somos todos y también las comunidades autónomas. El problema es una administración central que durante los años de crisis se dedicó a recortar a mansalva sus compromisos vigentes de financiación con los territorios. En el caso de nuestras islas, además, la política del Gobierno de Rajoy fue asfixiar en la medida de lo posible al Gobierno de Paulino Rivero, con la estrategia de "cuanto peor mejor": es decir, cuanto menos dinero le dieran a Canarias peor les pondrían las cosas a los nacionalistas que habían echado a su partido del gobierno autonómico. Que la patada se la dieran en el culo de todos los canarios era lo de menos.

¿Qué se puede esperar de un país donde las instituciones públicas no cumplen sus contratos firmados? Poco, la verdad. Los recortes en carreteras en las Islas no son equiparables a los de otros territorios, porque el viario, en el Archipiélago, es el único sistema de transporte disponible para los ciudadanos. Pero mientras en la España peninsular se regaban miles de millones en los tres mil kilómetros de trenes de alta velocidad, en la insular se cerraba el grifo para que nuestras carreteras se atascaran.

Que los tribunales hayan dado la razón a Canarias es un flaco consuelo. Es pavoroso que en Madrid siga instalada la vieja ceguera centralista que impide comprender la realidad de un territorio distinto y distante. Nuestras relaciones con el Gobierno central no se pueden ventilar todos los días en pleitos judiciales. El Gobierno de Rodríguez Zapatero celebró un Consejo de Ministros en Las Palmas en 2009 y aprobó lo que denominó el "Plan Canarias": un proyecto de inversiones que preveía inyectar en las Islas, en una década, unos veinticinco mil millones de euros. Pero el plan duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Llegó el nuevo Gobierno de Rajoy y lo convirtió en papel mojado. La palabra de un Gobierno, el compromiso adquirido al máximo nivel, pasó de ser una feliz realidad a un efímero sueño. Fue la demostración práctica de que los contratos y los acuerdos de quienes nos gobiernan no valen un pimiento. Por no decir una mierda.