Hubo un tiempo en el que el equipo de presidencia del Gobierno pensó que el problema catalán venía muy bien al PP para lograr aumento de apoyos electorales. Y que el humo del incendio independentista taparía el paisaje de juicios y escándalos que desgastaba a los conservadores. Y hubo un tiempo, también, en que la burguesía catalana nacionalista creyó que abrazarse con los independentistas radicales podía parar su sangría de votos. Pero lo que fue una cuestión electoral se ha convertido en "el" problema del Estado y la mayor amenaza para la democracia. Ya pasó el momento de las tácticas y ha llegado el de las responsabilidades.

La última respuesta de ayer del presidente de la Generalitat a los requerimientos del Gobierno central vuelve a enrocarse en las tesis del independentismo. Tiene cosas exóticas, como su afirmación de que el pleno del Parlamento de Cataluña no se convocó para proclamar el resultado del referéndum y declarar la independencia, sino para "valorar" el resultado de la consulta. Pero lo importante es que aunque señala que no se declaró la independencia dice que puede hacerlo. O lo que es lo mismo, que el Gobierno catalán sigue pensando que sus leyes están por encima de las del Estado, que las sentencias del Constitucional no le obligan y que la independencia llegará cuando quieran.

Existe un momento en que las soluciones, por traumáticas que sean, son mejores que los problemas. La "cuestión catalana" no puede convertirse en parte del paisaje cotidiano de la vida de España, sangrando su economía, distrayendo esfuerzos y condenando la política a una especie de eterno día de la marmota de opiniones radicalmente contrarias.

Las leyes se pueden cambiar pero, entre tanto, se obedecen. Y pese a quien pese, los estados se mantienen esencialmente porque tienen el poder de obligar al cumplimiento de sus leyes a las instituciones y a los ciudadanos. Si no, esto sería una carajera. La parsimonia gallega de Rajoy tiene su tiempo cumplido. Ha dado sus frutos electorales, pero ha llegado el momento en que el Gobierno de España tiene que dar un paso al frente y restaurar el orden constitucional. Analizar qué debe hacer el Estado desde los intereses políticos de los partidos que gobiernan es un mal negocio.

Todo el mundo en este asunto tiene una parte de razón. Hemos llegado hasta aquí por la incapacidad política de quienes no supieron encauzar las aspiraciones de Cataluña dentro del marco constitucional, otorgándoles las mismas libertades fiscales que tienen los vascos. Porque se acumularon errores de presidentes que gobernaron aliándose con Pujol a cambio de meter mano al presupuesto y permitiéndole la "reeducación" de las nuevas generaciones en la creencia de un Estado catalán sojuzgado y aprisionado por el español. Que ofrecieron aceptar cualquier estatuto aprobado por los catalanes, sin pensar en que los tribunales no hacen pactos políticos. Vale. Todo eso es verdad. Y más cosas. Pero revisar el pasado no arregla el presente ni soluciona el futuro. Ahora toca resolverlo.