La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 tiene a mucha gente sin dormir, aunque por diferentes razones. Al primero, sin duda, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, pues, de no salir adelante, se vería abocado a convocar elecciones en un momento en el que su partido está salpicado por diferentes casos de corrupción, lo que le restaría apoyos. De ahí, quizás, su disposición a negociar con todo el mundo -así lo manifestó el viernes en Las Palmas-, para que el Congreso de los Diputados los respalde. También en Canarias existe cierta expectación por las cuentas elaboradas por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Las esperanzas puestas en su contenido son muchas, pues después de un lustro sufriendo los recortes impuestos por ese ente difuso denominado Madrid, parece que ha llegado la hora de que a las Islas se las trate tal y como se merecen. La aritmética parlamentaria ha provocado que los votos de los dos diputados nacionalistas canarios sean necesarios y al Partido Popular le surja una sensibilidad especial a la hora de abordar los problemas del Archipiélago. Hecha -o casi hecha- la tarea en la capital del Reino, ahora es preciso que esos fondos que van a llegar sean bien utilizados y redunden en el bienestar de todos los habitantes de esta comunidad autónoma. De nada, o más bien poco, serviría batirse el cobre por conseguir más recursos si después solo benefician a un reducido número de personas. Viene esto a cuento porque en Canarias continúa existiendo mucha desigualdad, incrementada durante el periodo de crisis, una alta tasa de paro -el 25%, según los últimos datos de la EPA- y grandes bolsas de pobreza. Urge lograr una mejor distribución de la riqueza. Solo así se podrá decir que la consecución de más fondos estatales ha sido un éxito.

La visita a Canarias del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés -se desconoce si para un acto institucional o de partido-, la semana pasada, provocó bastante malestar en el seno del Gobierno de Canarias. El susodicho se permitió utilizar un encuentro con ONG -organizado por su departamento sin avisar a la Consejería de Políticas Sociales-, para cuestionar la gestión de los fondos para dependencia por parte del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Aparte de saltarse el respeto y la lealtad que deben primar en la relación entre instituciones, tampoco es admisible que se utilice una materia como la dependencia en las "batallas" partidistas. Y menos utilizando datos de forma torticera. Escondidas tras la cifras hay millares de personas que están padeciendo, en muchas ocasiones, la incompetencia de algunos políticos que lo único que buscan es salir en la foto y renovar su cargo mandato tras mandato. Lo que tiene que hacer Mario Garcés es ofrecer soluciones, pues si Canarias se encuentra a la cola en esta disciplina no es solo por culpa del Gobierno autónomo, sino que también tiene su responsabilidad el Partido Popular, con sus recortes presupuestarios durante los últimos años. Teniendo en cuenta estas premisas, la próxima vez que viaje al Archipiélago deberá traer un paquete de medidas dirigidas a mejorar la atención de la dependencia. Si no es así, mejor que se quede en Madrid.