Una vieja máxima política establece que lo mejor para que no se note un fuego es hacer un incendio. Y la política se ha convertido en un ejercicio de piromanía permanente. El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria viene precedido por las llamas de la situación de la Sanidad, que se va a convertir en el humo que rodeará a las ascuas de la ruptura del pacto de Gobierno y el debate envenenado entre los dos divorciados: CC en el Gobierno y el PSOE en la oposición.

Hacienda sostiene que el cierre presupuestario de septiembre del año pasado fue necesario, entre otras cosas, para sujetar las cabras desmandadas del gasto de Jesús Morera, en Sanidad, que se estaba saliendo del plato. Un gasto que no se notaba en la mejora de los servicios -porque aumentaban las listas de espera- y que comprometía el cumplimiento del objetivo de déficit de Canarias. La nueva noticia es que quedan por pagar más de 240 millones de euros a proveedores de la Sanidad canaria, que es un torpedo diferido que le han lanzado desde el Gobierno al exconsejero.

Un cierre presupuestario no afecta a las facturas que están contempladas en presupuestos. Y eso significa que unos 120 millones de lo que queda por pagar no estaban concernidos por la medida traumática adoptada por el Gobierno, sino que es achacable a la mala gestión de Morera. El resto es la cantidad aproximada que el departamento ha gastado todos los años por encima de lo presupuestado.

La realidad, como siempre, está en esa zona de penumbra en la que se reparten responsabilidades. Sanidad, como todas las áreas que llevaba el PSOE, se vio afectada por la aluminosis de un pacto que iba a trancas y barrancas porque los dos socios se dedicaron a ponerse mutuas zancadillas. No es extraño que en los estertores del pacto se quedara la casa sin barrer. Pero lo que subyace detrás de esta realidad es que Canarias presta servicios públicos transferidos por la Administración central con casi 700 millones menos de lo que cuesta la prestación efectiva de los servicios. Y eso es algo que se repite año tras año esté quien esté a cargo de la gestión de los servicios públicos de la salud.

El previsible enfrentamiento parlamentario no aportará nada que no sea humo de pajas. Deudas incobrables de dos divorciados que se arrojarán reproches como venablos desde la tribuna del Parlamento, para deleite de la crónica parlamentaria, a la que nunca le viene mal el combustible de los reproches políticos. Pero todo será a beneficio de un inventario inútil. Las resoluciones parlamentarias y las proposiciones no de ley se han vuelto aún más inútiles de lo que siempre fueron, simples manifestaciones que jamás alcanzan ninguna consecuencia práctica.

Solucionar el problema de la Sanidad de Canarias no es un problema de gestión, sino de digestión. Que nos dejemos de comer el embolado de un Estado de Bienestar insostenible con una política que consiste en asfixiar a las Comunidades Autónomas mandándoles menos dinero del que necesitan los servicios transferidos. De eso, por supuesto, ni hablar.