EL NÚMERO de usuarios de internet ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, y cada vez va en aumento merced a las tarifas más reducidas que aplican las operadoras. Sin embargo, la conexión a la red ya no solo se realiza desde nuestra casa o en la oficina. Con la implantación masiva de ordenadores portátiles, smartphones, tablets, etc., esta conexión es posible desde cualquier lugar, incluso yo diría que se hace imprescindible: negocios, viajes, estudios, etc. La solución pasa por mejorar y establecer un sistema wifi con garantías, pero las políticas llevadas a cabo para facilitar este servicio a los ciudadanos son prácticamente inexistentes y han enfrentado a los ayuntamientos con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Así pues, en la actualidad no existe una línea de actuación común para dar acceso wifi de forma gratuita a los vecinos de una localidad. Muchos ayuntamientos lo han intentado, pero se han topado con la férrea actitud de la CMT.

Efectivamente, actualmente el acceso inalámbrico se considera como un producto y servicio de las distintas operadoras, aunque este no es el planteamiento que se hace desde la Asociación de Internautas. Los principales avances en este sentido proceden desde la política municipal. No en vano, en los distintos consistorios se tiende a implantar el wifi gratis en bibliotecas, transportes públicos, parques, etc., pero no pueden universalizarlo por culpa de la burocracia de la CMT, que siempre ha fallado en contra de establecer el acceso inalámbrico gratis, a fin de preservar el libre mercado, sin tener en cuenta para nada el interés de los ciudadanos.

Los núcleos con una alta densidad de población están sufriendo ya las restricciones inherentes al uso masivo de la red 3G, esto es, pérdida de conectividad, saturación, limitación de cobertura e incluso imposibilidad de realizar llamadas. Se hace preciso, pues, mejorar y establecer un sistema wifi que permita el acceso universal a internet. Por ello, las asociaciones de internautas reclaman que ese derecho sea gratuito o a muy bajo coste.

El Ayuntamiento de Málaga fue multado por la CMT hace unos meses con 300.000 euros por dar acceso inalámbrico de manera gratuita a sus ciudadanos en la red municipal. La sanción, que fue confirmada por la Audiencia Nacional ante el recurso que presentó el consistorio, fue por proporcionar conexión wifi no solo a las dependencias municipales, sino por facilitarla a los alrededores de sus instalaciones.

El problema es que en España la ley prohíbe de hecho a nadie que no sea un operador privado (o entidad pública que cobre por esos servicios en condiciones de competencia con los operadores privados) prestar ese servicio. Esta medida pone de rodillas al ciudadano frente a las empresas privadas multinacionales, con el beneplácito de todos los gobiernos de turno, pues ni el PSOE ni el PP tienen intención de acabar con esta idea de que el acceso a internet sea siempre de pago.

Creo que esta actitud gubernamental es errónea, toda vez que el acceso a internet es hoy un servicio, un derecho podríamos decir, tan básico para la población como el acceso al agua potable. La CMT aclara que un ayuntamiento no puede ofrecer una red wifi gratuita a no ser que se registre como operador, con lo que al final tendría que cobrar por ello a los ciudadanos. Todo para salvaguardar la competencia con el resto de operadores.

La polémica creada por la multa al Ayuntamiento malacitano obligó a cambiar la normativa a la CMT. Una circular del año 2010 permitía a los ayuntamientos dar servicio wifi gratuito a sus ciudadanos con tres condiciones: inscribirse como operador, orientar la red a la vía pública y proporcionar una velocidad inferior a 256 kb/s, que para que ustedes me entiendan, y tomando un símil automovilístico, si la velocidad media proporcionada por los operadores fuera de 6 mb, y la comparásemos con la velocidad de circulación en una autopista (120 km/h), la velocidad a la que solo se podría circular de manera gratuita sería de... 5 km/h (o sea, como subido a lomos de una oveja).

La Audiencia Nacional confirmó que una administración solo puede dar wifi abierto en régimen de "autoprotección", es decir, si su uso está vinculado al desempeño de las funciones de la institución.