Canarias aprobará a finales de este mes su ley de Niños Robados. Una norma promovida hace meses por Podemos, que trata de cubrir el vacío dejado por la de Memoria Histórica respaldada recientemente y que será cambiada casi por completo por las enmiendas de CC, PP y ASG, aunque esto no impedirá que los otros grupos busquen el consenso y, al final, salga seguramente por unanimidad.

Así lo garantizó ayer a El Día el diputado de Podemos Manuel Marrero, quien ha promovido la iniciativa en colaboración con las distintas asociaciones de víctimas y quien subraya que, más allá de ciertas discrepancias con el texto que saldrá ahora, lo relevante es que, en esta legislatura, se pueda aprobar una ley que comience a restituir una injusticia y a compensar a las víctimas.

Podemos no comparte gran parte de las enmiendas de CC, PP y ASG, pero confía en que la ley pueda mejorarse en la siguiente legislatura, con otra aritmética parlamentaria. Lo que no evitó ayer Marrero, al menos en un primer momento, fue su profundo enojo al comprobar que, tras salir de la comisión sobre la ley de Islas Verdes, la ponencia de esta otra norma ya se había levantado pese a que el receso lo había pedido CC y aunque él sea el proponente de la nueva norma.

Tras comentarle la situación a la presidenta de la cámara, Carolina Darias, y contemplar presentar una queja, acordó con Melodie Mendoza (ASG) que hubiese una nueva ponencia o reunión ad hoc durante el pleno que comienza hoy.

A diferencia de la ley de Memoria, la de Niños Robados abarca un periodo mucho mayor, ya que constan casos, incluso, de 2002, por lo que el propio Diputado del Común, Rafael Yanes, considera un acierto que, al final, se hayan desligados ambos textos.

Podemos no comparte la lectura "tan estricta" que han hecho CC, PP y ASG del dictamen del Consultivo y, por eso, mantiene vivas enmiendas mucho más flexibles. Los otros partidos, sin embargo, consideran necesario cambiar muchos apartados del texto original para adaptarlo a la Constitución y al régimen competencial de las distintas administraciones. Por eso, han presentado hasta 30 enmiendas con las que, según indica a El Día Guadalupe González taño (CC), intentan que la ley pueda aprobarse en este mandato y no frustrar así las peticiones y anhelos de entidades como el colectivo Sin Identidad, una de los grandes impulsores.