Canarias

30.000 ascensores en Canarias deberán pasar nuevas inspecciones o serán inmovilidados

La norma nacional, que debe aplicarse desde septiembre, obliga a estas comprobaciones al margen de las revisiones periódicas de las empresas de mantenimiento
Las Palmas de Gran Canaria, EFE
28/ago/18 13:45 PM
eldia.es
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega (i), y el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, expusieron, hoy, las principales novedades del decreto sobre ascensores./Elvira Urquijo A. (EFE)

Los más de 30.000 ascensores de todo tipo instalados en Canarias deberán someterse desde ahora a inspecciones técnicas de seguridad periódicas añadidas a las habituales revisiones de mantenimiento o serán puestos fuera de funcionamiento en virtud de un nuevo decreto.

La obligación de someter a dichas inspecciones esos aparatos, que, en última instancia, será responsabilidad de sus dueños, sean empresas, particulares o comunidades de vecinos, entrará en vigor este mes de septiembre, si bien habrá un plazo de dos meses para llevarlas a cabo antes de exponerse a tener que usar solo las escaleras, según ha anunciado hoy el Gobierno de Canarias.

Una comunidad autónoma que es la segunda que regula esta cuestión, tras Asturias, en aplicación de una norma estatal que los distintos ejecutivos regionales tienen que ir trasponiendo a sus legislaciones y que busca con la iniciativa "garantizar la seguridad de los ascensores y, sobre todo, la de sus usuarios", ha explicado hoy el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del archipiélago, Pedro Ortega.

Quien, en una rueda de prensa convocada con el propósito de "adelantarse para que todo el mundo sepa que tiene que cumplir su obligación" y disponga de tiempo para actuar y evitar quedarse sin ascensor, medida que podría comenzar a aplicarse de forma efectiva desde noviembre en caso de no cumplir la normativa, ha destacado que la "principal novedad" del decreto es la articulación de ese mecanismo de paralización cautelar de los aparatos no inspeccionados o defectuosos.

Elevadores cuyos titulares se arriesgan, además, a que se les impongan sanciones económicas de hasta 3.000 euros de cuantía si no están en regla a tiempo por negligencia en su mantenimiento y revisión, ha informado.

El consejero ha subrayado, en todo caso, que la finalidad de esa regulación es "ir avanzando en prevenir, porque la seguridad mejora con la prevención", tal como -ha recordado gráficamente- ocurre ya "con los coches, que tiene que pasar la inspección técnica de vehículos".

Y ha añadido que, al igual que sucede con los automóviles, que deben ser revisados con una periodicidad distinta según sean sus características técnicas, su uso y su antigüedad, el decreto fija diferentes plazos para las inspecciones de los ascensores.

Así, los que estén en centros o establecimientos públicos y, por tanto, tienen mayor actividad, tendrán que volver a ser mirados cada dos años, en tanto que a los de edificios de viviendas con más de veinte hogares o cuatro plantas de altura les tocará cada cuatro y a los restantes cada seis, ha precisado.

Pedro Ortega ha aclarado que, en principio, se cree que la mayoría de los elevadores que hay en las islas deberían estar en buenas condiciones, porque normalmente se suele contratar una empresa de mantenimiento que se encargue de revisarlos y repararlos o renovar sus componentes si es necesario, pero que no es tan común que sus dueños los sometan a las inspecciones de seguridad que se les exigirán desde ahora.

Por ello, les ha instado a ponerse en contacto con alguna de las catorce empresas del sector que operan en las islas, animándoles incluso a pedir presupuestos a varias antes de optar por una u otra como forma de buscar la oferta más ventajosa para sus necesidades particulares.

De cualquier modo, técnicos de su departamento que han comparecido junto a él, al igual que viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, han asegurado que es bastante rentable plegarse a la norma y cumplir con las inspecciones, pues su coste oscila entre unos 70 y 120 euros, dependiendo del aparato, y por ese precio puede evitarse el riesgo de tener que desembolsar al final 3.000 euros de multa y quedarse sin ascensor.

Desde esos planteamientos, Pedro Ortega ha recalcado que su Consejería está apostando por tratar de hacer llegar sus mensajes a todos los posibles afectados y, en esa línea, tras haber lanzado ya en abril pasado una campaña informativa sobre la próxima entrada en vigor del decreto y sus implicaciones, ha preparado otra nueva que, en forma de anuncios audiovisuales, se difundirá a través de televisión e internet.