El sindicato CCOO reclamó ayer que en la atención a la dependencia haya tres criterios básicos, la profesionalidad del sector, la equidad en el sistema y la suficiencia presupuestaria, pues entiende que este asunto es "un batiburrillo" en el proyecto de ley de Servicios Sociales.

Para lograr este objetivo la fuerza sindical solicitará reuniones con los grupos con representación en el Parlamento de Canarias y prevé además convocar asambleas con los trabajadores del sector de la dependencia que en las islas, según cálculos de CCOO, genera empleo a unas 10.000 personas.

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Canarias, José Alonso, afirmó en rueda de prensa que el sindicato quiere "influir e incidir" en el proceso de tramitación de la ley de Servicios Sociales pero, obviamente, no puede presentar enmiendas, así que prevé iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Por su parte, el responsable de Política Institucional de CCOO en el Archipiélago, Carmelo Jorge, opinó que la gestión del Gobierno regional en la tramitación de esta ley, y en concreto en el apartado relacionado con la dependencia, merece "severas críticas" y señaló que aunque los sindicatos no son oenegés, sí que tienen la obligación de contribuir a mejorar el sistema.

El sindicato también intentará movilizar al sector porque a su juicio no es demasiado afortunada la forma en que se está redactando la ley, anunció Jorge.

Señaló que la atención a la dependencia es además un yacimiento de empleo y riqueza y aseveró que en las islas haría falta unos 25.000 trabajadores para gestionar bien esta materia. Reclamó el dirigente sindical que lo primero que hay que garantizar es la equidad en el acceso al sistema, porque esto no puede depender del lugar de residencia o del poder adquisitivo del solicitante.

Faltan 50 funcionarios

En 2017 se presentaron 13.000 solicitudes de dependencia, de las que solo se han valorado unas 5.600, "que irán al cajón de sastre con el resto que están pendientes, que ya suman más de 15.000", reprochó Carmelo Jorge, quien indicó que harían falta unos 50 funcionarios, 25 por provincia, para agilizar esta evaluación.

Mayor profesionalización

Jorge reclamó que haya profesionalidad en centros, pues no valen "voluntarios ni religiosos". En su opinión, habría que cerrar la puerta que abre la ley estatal de Dependencia a cuidadores informales.