El Gobierno de Canarias se ha mostrado este jueves a favor de la creación de una ''Oficina Antifraude'' en las islas, pero solo "si no se solapan" competencias ya existentes, con el fin de que sea un servicio "eficaz y eficiente".
Así lo ha afirmado a los periodistas el viceconsejero de Administraciones Públicas, Antonio Llorens, a la salida de una reunión del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con los grupos parlamentarios y el director de la Agencia contra el Fraude en la Comunidad Valenciana, Joan Llorens, a propuesta de Podemos.
Ha comentado que el archipiélago tiene un marco legislativo sobre la transparencia "muy intenso", aparte de que sus indicadores están por encima de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, de ahí que todas las partes se hayan emplazado al mes de julio para seguir estudiando la iniciativa.
Llorens ha apuntado que en las Cortes se está tramitando un proyecto de ley sobre este tema y en Canarias ya se dedican a estas labores de control la Audiencia de Cuentas y el Comisionado de la Transparencia, resaltando que "no es razonable" que se les quiten competencias en caso de que se impulse la nueva oficina.
"No se trata de crearla por crearla", ha apuntado, dejando claro que la decisión final debe recaer en el Parlamento, cuya vinculación es garantía de que el nuevo organismo va a tener "autonomía e independencia".
Además, ha comentado que se están analizando todos los modelos existentes como las de las Comunidades de Valencia, Navarra, Cataluña y Asturias, los ayuntamientos de Madrid o Zaragoza e incluso uno "muy interesante" adscrito a la Unión Europea, si bien ha reconocido que "es muy difícil" que se pueda aprobar algo en lo que resta de Legislatura.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que Canarias está "azotada" por el "gran mal" del fraude y la población está "preocupada" por las "malas praxis, enchufismo y corrupción" en las administraciones públicas.
Ha defendido que "la mejor vacuna" contra la corrupción es crear un "cordón sanitario" entre todos los grupos parlamentarios, y espera que la experiencia de Valencia sirva para la puesta en marcha de la oficina en Canarias.
El director de la Agencia contra el Fraude en la Comunidad Valenciana, Joan Llorens, ha comentado que este organismo depende del Parlamento y está formado por funcionarios de carrera y expertos de prestigio, y solo en que lo que va año han abierto ya 90 expedientes.
Ha comentado que su principal función es la "prevención" del fraude, para lo que realizan "estudios de riesgo" que son entregados a las administraciones a modo de documentos de trabajo, ya que la corrupción es "riesgo latente" en cualquier estructura pública.
"No sabemos por qúe personas que lo tiene todo desvían recursos en beneficio privado", ha comentado.
Según Llorens, el fraude genera "descrédito" en las instituciones públicas y "pérdida de recursos", de ahí que en su agencia quieran "alentar" el buen funcionamiento con normas "más estrictas", ya que muchos métodos de control están fallando.
EL ANONIMATO ESTÁ GARANTIZADO
Asimismo, ha dicho que se utilizan procedimientos tecnológicos que garantizan la "protección y el anonimato" de los denunciantes, aparte de que los miembros de la Agencia están sujetos a contratos de confidencialidad que si los "quebrantan", incurren en delito.
Ha dicho que se "castiga" la denuncia falsa, y sobre la tipología del fraudem ha señalado que lo más común es la contratación pública, donde hay "casos exagerados" de conflicto de intereses e incluso "autocontratación" del propio sistema público.
En esa línea, ha apuntado que hay "muchos casos en los tribunales" sobre financiación a personas, organizaciones políticas o fundaciones a través de la contratación pública, "a modo del llamado 3%", al tiempo que en el caso de las concesiones administrativas, ha resaltado que el sistema "nunca está equilibrado y siempre cuesta más de lo que se financia".