El borrador del nuevo decreto de alquiler vacacional ha creado la misma polarización que el aún vigente: los propietarios de viviendas turísticas, agrupados en Ascav, denuncian una "prohibición encubierta" y pronostican que la futura normativa "acabará en los tribunales" si no se modifica, en tanto que la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia, Ashotel, no se muestra "descontenta", aunque avisa de que es necesario hacerla cumplir para que no sea "papel mojado".
La nueva norma mantiene la prohibición de explotar viviendas vacacionales en zonas turísticas, salvo que cabildos o ayuntamientos dispongan lo contrario. Esta exclusión fue una de las razones que llevaron al TSJC a declarar nulo parte del actual decreto en sentencias recurridas por el Gobierno regional, y puede ser también -según Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional- motivo para una impugnación de la futura normativa, que, a su entender, "fomenta la ilegalidad".
La asociación critica que la norma limite el alquiler turístico a zonas residenciales cuando se alega la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda. Asimismo, expresa su escepticismo sobre la posibilidad de que los instrumentos de planificación y ordenación de cabildos y ayuntamientos autoricen las viviendas vacacionales cuando esta "es una figura que no contemplan".
Jorge Marichal, presidente de Ashotel, se mostró cauto al entender que el texto es solo un borrador. No obstante, admitió, en declaraciones a Radio El Día, que tiene aspectos "positivos", como la prohibición en zonas turísticas y la imposición de obligaciones a las plataformas de comercialización. Según Ashotel el Gobierno debería arbitrar "medidas coercitivas mayores" para perseguir la oferta ilegal. La situación que plantea el borrador, dijo, es "la misma" que la que establece el actual decreto, por lo que Marichal incidió en la necesidad de hacerlo cumplir y ejercer acciones de "control".
La postura de la asociación de apartamentos turísticos de Las Palmas (AEAT) es muy diferente: ayer insistió en la necesidad de regular el alquiler vacacional -que considera "una ola imparable"- en zonas turísticas y se refirió al proyecto de decreto como "una moratoria camuflada".
El Cabildo de Tenerife analizará con los 31 municipios de la Isla la regulación del alquiler vacacional. Así lo anunció ayer el vicepresidente y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, quien aseguró que la Corporación insular "va a liderar un foro de debate sobre esta modalidad turística con la convocatoria de un encuentro antes del verano en el que se desmenuzarán todas las posibilidades que se presentan tras el borrador de decreto presentado por el Gobierno de Canarias".
Bernabé argumentó, a través de un comunicado, que esta puesta en común contribuirá a fijar criterios, "porque se trata de una modalidad turística compleja y muy dinámica a la que no se puede aplicar una solución estándar porque las necesidades de cada municipio son diferentes". "El encuentro nos servirá no solo para analizar los pormenores de esta nueva normativa, sino también para comprobar cómo se regula la actividad en otras ciudades o en otros países", puntualizó.
Según el consejero, fijar un criterio único en la Isla sería "un error", aunque se mostró partidario de "apostar por los criterios relacionados con la calidad". "Debemos evaluar todas las posibilidades para poder aunar criterios que permitan engarzar las normativas de ordenación territorial insulares y las ordenanzas urbanísticas de ámbito municipal", dijo.