Un colectivo de farmacéuticos que ejercen su labor en municipios turísticos ha denunciado la tardanza en la aplicación de las modificaciones al artículo 38 de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias por la que la "señalización externa" con la palabra "farmacia", la cruz verde o la placa identificativa del titular serán de "uso exclusivo para oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos". Esto quiere decir que deja fuera de la legalidad a las parafarmacias.

No obstante, esta regulación aún no se ha aplicado, a pesar de haber entrado en vigor el 1 de enero de 2018. La situación está provocando un verdadero problema a estos farmacéuticos que reclaman, desde hace cuatro años, una solución, así como a los ciudadanos de las zonas turísticas, especialmente a los de origen extranjero.

Este colectivo, que califica la situación como "fraude", asegura que es realmente visible en algunos establecimientos de los municipios de Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, Guía de Isora y en el sur de Gran Canaria. Por esta razón, y mediante el amparo de FarmaLegal, abogados del sector, han presentado un escrito a Ordenación Farmacéutica, órgano dependiente de la Consejería de Sanidad, en el que instan a poner en marcha con la mayor brevedad posible los mecanismos necesarios para impedir que esto siga ocurriendo

El colectivo también alertó de que en estas parafarmacias se están dando casos de sustitución de medicación, según les han informado diversos pacientes que han acudido con gran enfado a sus oficinas tras haber pasado por una parafarmacia.

"El uso de estos signos lleva a confusión, especialmente en los extranjeros, ya que en su país no cuentan con la figura de la parafarmacia", explica el colectivo. Sin embargo, los afectados se niegan a realizar denuncia porque "están de vacaciones" o no quieren "tener problemas".

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife (COFT), Guillermo Schwartz, ha llamado a la calma. "Todo se andará, pero deben tener paciencia", argumentó Schwartz, quien hizo hincapié en actuar con "cautela" para que "todo salga bien".

Aunque para el grupo de farmacéuticos denunciantes la responsabilidad para llevar a cabo las tareas de inspección recae en la Administración-Ordenación Farmacéutica, el COF considera que esta tarea debería estar en el tejado de los distintos ayuntamientos. Y es que, a pesar de que la norma está recogida dentro de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias (4/2005), no se deja claro si la potestad recae en la administración publicitaria o en Ordenación Farmacéutica.

Otra de las piezas de este debate está en si la ley tiene o no efectos retroactivos. El colectivo tiene claro que sí, porque, de otra manera, no solucionaría el problema al que se enfrentan. "No decimos que se cierre el negocio, solo que se llame de otra manera o no utilicen simbología que pueda dar pie a la confusión y al fraude", argumentaron. Por su parte, el presidente del COFT no se lanzó a la piscina porque no lo tiene claro, pero argumentó que "las leyes no suelen ser retroactivas". El grupo se remitió ante estas declaraciones a la Ley de Tabaco, que sí fue en su momento retroactiva.