La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevén realizar 5.720 órdenes de servicio en 2018 con el objetivo de mejorar la prevención de riesgos laborales.

En este sentido, será la Inspección quien se ocupará en esta materia tanto de la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales que se notifiquen como de las condiciones de seguridad en el trabajo y la gestión de la prevención que se realiza en las empresas dirigidas a incrementar la cultura preventiva en materia de seguridad laboral en la estructura económica de Canarias, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Al respecto, el director general de Trabajo, José Miguel González, explicó que la Inspección, junto con el equipo técnico del Instituto Canario de Seguridad laboral (ICASEL), intervienen cuando se produce un accidente para analizar "todos los factores que lo han provocado, sobre todo, en los mortales y graves pero también en los accidentes leves que con más frecuencia se notifican", ya que subrayó que si se conocen las razones, se puede mejorar y evitar las reincidencias.

Asimismo, resaltó la celeridad con la que interviene el personal de la Inspección junto a los técnicos del ICASEL, ya que acuden "sobre la marcha, en la mayoría de las ocasiones, y de una manera coordinada entre todas las administraciones, 112, fuerzas de seguridad y juzgados, lo que agiliza el trabajo".

Así, indican que son las jefaturas de las Unidades Especializadas de Seguridad y Salud Laboral de cada provincia las que seleccionan los accidentes leves a investigar atendiendo a la duración de la incapacidad resultante del accidente, la reiteración de accidentes en una misma empresa, el relato de los hechos contenidos en el parte de accidente, la atención hospitalaria o lesiones producidas, entre otras razones.

También se estudian los criterios comunes de las mutuas en los "errores" de calificación de los accidentes en leves teniendo indicios de graves.

Respecto a las enfermedades profesionales notificadas, se investigarán principalmente en las que el agente material pertenezca a agentes químicos, biológicos, carcinogénicos; las causadas por agentes físicos, las producidas por vibraciones, radiaciones menores de 18 años, hipoacusia y las que requieran tratamiento hospitalario, o baja superior a 15 días, o de trabajadores de ETT.

Por último, se informó de que en 2017 se investigaron un total de 12 accidentes mortales, 159 graves y 356 leves, además de 19 enfermedades profesionales. Estas intervenciones hicieron que se realizaran 237 requerimientos y se propusieron 270 infracciones por más de un millón de euros, además de 282 propuestas de recargo de prestaciones al Instituto Nacional de Seguridad Social.