Los 28 inmigrantes que fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Playa de las Américas tras superar el periodo máximo de permanencia en el CIE de Hoya Fría abandonaron las instalaciones desde el mismo sábado, sin documentación y sin que el Ministerio de Interior habilitara otros recursos de atención humanitaria. Las ONG advierten de que están abocados a la exclusión social.

Los inmigrantes pertenecen a un grupo de más de 80 extranjeros que llegaron a Tenerife a bordo de un cayuco en octubre. El Consulado de Senegal se negó a reconocer a los ciudadanos y el Gobierno no puedo proceder a su repatriación. Tres ONG -Cáritas, CEAR y Cruz Roja- pudieron acoger a 53 y el resto, estos 28, fueron enviados al CETI.

Los que están siendo atendidos por las organizaciones sociales entran ahora en un programa de atención humanitaria que, en el caso de CEAR, dura tres meses e incluye, además de manutención y alojamiento, asesoramiento jurídico, clases de español y un salvoconducto para que puedan viajar por el territorio nacional.

Tanto CEAR como Cáritas reclamaron ayer que los espacios que se destinen a la acogida de personas inmigrantes estén gestionados por organizaciones sociales que acompañen o a estas personas en el proceso migratorio después de que hayan permanecido privados de libertad el tiempo máximo establecido por ley.

Las mismas fuentes recordaron que lo "habitual" es que, si no hay recursos disponibles en el Archipiélago, los inmigrantes sean trasladados a otros lugares de la Península donde existen plazas disponibles dentro del Programa de Atención Humanitaria. Sin embargo, la llegada de embarcaciones a la costa mediterránea ha saturado los otros dispositivos.

Las personas que han abandonado el CETI -no existía control policial porque no estaban detenidos- se encuentran ahora en situación irregular. La delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, defendió ayer que se ha cumplido con la Ley de Extranjería y que los inmigrantes fueron ubicados en el CITE para que tuvieran "un sitio donde dormir, asearse y comer". "Eso lo ha tenido que hacer la Policía Nacional, con sus propios medios, ante la falta de respuesta de las ONG".

Juan Carlos Lorenzo, delegado de CEAR, desmintió estas afirmaciones y dijo que los recursos en Canarias son muy limitados y las organizaciones no disponían de más espacio para acogida.

El Sindicato Unificado de Policía solicitó información de manera oficial para conocer más datos sobre el traslado de estos extranjeros.