El PP canario estrenó la nueva temporada parlamentaria con un comunicado en el que recalcaba que haría todo lo posible por incluir una rebaja del Impuesto General Indirecto Canario en el presupuesto regional de 2018. Una apuesta que casi parece ya una marca de la casa o incluso una obsesión que los conservadores creen más que justificada por la situación económica y la creciente recaudación autonómica, pero que, como ocurrió en la reciente y frustrada negociación para un posible cogobierno con CC, se topará con la negativa del Ejecutivo regional.

Así lo confirma a EL DÍA el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán. Como ya pasara durante el proceso negociador entre nacionalistas y populares, el también secretario general de CC dice que el Gobierno sí contempla una posible rebaja de dicho impuesto para determinados subsectores de la actividad, muy concretos, pero descarta casi por completo, salvo sorpresa inesperada, la rebaja lineal que tanto ansía el PP, aunque solo sea de medio punto porcentual.

En la actualidad, el IGIC se sitúa en el 7%, después de que el expresidente Paulino Rivero decidiera, en 2012, subirlo desde el 5% por la crisis y por la aguda reducción de ingresos y transferencias desde el Estado tras los recortes decretados desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. En estos años, la recaudación regional por este concepto ha ido subiendo cada año hasta un punto que el PP considera injusto para la ciudadanía en general y, por eso, se ha pasado gran parte de esta legislatura reclamando una reducción de este impuesto y también del tramo canario del IRPF.

Estas exigencias afloraron sobremanera en la negociación entre ambos partidos, que al final cerró el PP tras descartar integrarse en el gobierno junto a CC. Justamente el IGIC fue uno de los elementos que más encallaron el proceso y, si bien desde el propio PP y también en voces de CC se consideró que la otra parte solo lo usaba como excusa, lo cierto es que la oposición a la rebaja fue considerable dentro de las filas nacionalistas.

Ese rechazo se hizo evidente con la postura de los presidentes insulares de CC y con alcaldes y dirigentes nacionalistas de la relevancia de Francisco Linares (La Orotava), quien no paró de recalcar que una reducción del IGIC a esas alturas sería un órdago al municipalismo y a los cabildos que no estaban dispuestos a tolerar. De hecho, CC esgrimió continuamente la postura de la Fecai y la Fecam y reiteró que se perderían unos 400 millones al año para estas administraciones.

Frente a esta visión, el PP no comprendía de dónde se sacaba esa cifra, subrayaba que era dinero que se quedaba en la ciudadanía y las empresas, que se dinamizaría más la economía y el empleo, que vendrían muchos más recursos desde Madrid y que, en todo caso, había margen para una reducción paulatina. De hecho, se barajó en la negociación una reducción inicial de un 0,5% o un 1% hasta que, en 2019, se volviera al 5% de hace cinco años.

Pero CC siguió oponiéndose, recalcando que las mayores transferencias desde el Estado o la recuperación de convenios han de ir confirmándose y que, como mucho, cabrían rebajas puntuales a subsectores que, como el audiovisual, ya se han beneficiado en otros momentos para dinamizarlos a escalas superiores.

En estos momentos, y según se apunta a El DÍA desde la consejería de Hacienda, se estudia en qué subsectores se puede aplicar una reducción en el presupuesto de 2018 que, eso sí, en ningún caso será lineal.

El único pero a esta convicción trasladada por Barragán y Hacienda es que, como ha indicado Fernando Clavijo, el margen de negociación abierto con el que obligadamente han de encarar la aprobación de esas cuentas les lleve a tener que ceder en algo, hasta ahora, casi innegociable si quieren disponer de nuevo proyecto económico en 2018 ante su debilidad parlamentaria.