La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) abrió en 2016 un total de 2.063 expedientes por infracciones de diversa naturaleza, lo que supone un incremento del 18,6 por ciento con respecto a 2015.

Así se desprende del balance de actuaciones aprobado en la última asamblea consejo de la Agencia celebrada hace unos días bajo la presidencia de la consejera del área Nieves Lady Barreto, junto a la directora del organismo, Ana Batista, y con la participación de las entidades consorciadas.

"Los datos de 2016 ponen de manifiesto un leve crecimiento de las infracciones constructivas que rompe la tendencia a la baja de los últimos años, mientras crecen de manera importante los expedientes abiertos en materia de tratamiento de residuos", señala Ana Batista, directora de la APMUN.

Del total de expedientes abiertos en 2016, 1.138 fueron por irregularidades relacionadas con el tratamiento de residuos (un 37,4 por ciento más que en 2015), 544 por actividades constructivas, 309 por actividades no constructivas (aquellas infracciones que vulneran las leyes del territorio y de espacios naturales), 27 por contravenir la Ley de Costas, y 24 por vertidos al mar.

El resto de los expedientes abiertos tienen que ver con cuestiones de impacto ambiental, extracción de áridos, infracción de la normativa sobre prevención de la contaminación y por incumplimiento de la legislación sobre envases.

Los expedientes se han abierto por denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (881), por denuncias de oficio de agentes de la APMUN o de los cabildos insulares (437), de ayuntamientos (402) y de la Policía Canaria (202).

También han presentado denuncias ciudadanos particulares (99), la Dirección General de Costas (16), la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Protección de la Naturaleza (14) y 12 expedientes por otro tipo de denunciantes.

Del análisis de los datos de la actividad de la APMUN en 2016 se desprende, por otro lado, una disminución significativa del número de resoluciones sancionadoras en 2016 (solo 68), frente a las más de 200 que se registraban como media entre los años 2011 y 2014.

Ello se debe, fundamentalmente, a la entrada en vigor de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales que estableció modificaciones sustanciales en materia procedimental de manera que estableció la imposibilidad de iniciar procedimiento sancionador sin previa tramitación del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Así, en 2016, en el seno de los expedientes abiertos por la APMUN se verificaron 484 restablecimientos del orden jurídico perturbado, bien por reposición de la realidad física alterada (348 casos) o bien mediante la legalización de lo ejecutado (136 casos).

APUESTA POR LA PREVENCIÓN

Durante la celebración de esta última asamblea consejo, tanto Nieves Lady Barreto como Ana Batista destacaron el empeño de la Agencia por trabajar en la prevención como eje central de actuación.

En este sentido, recordaron que en 2016 se firmaron diversos convenios de colaboración encaminados a este fin, como el suscrito con la Cámara de Comercio de Fuerteventura, que tiene entre sus objetivos la sensibilización sobre la obligación de cumplir con la normativa medioambiental y la promoción de acciones para la difusión del respeto a los recursos naturales de la Isla.

Igualmente, se firmaron en 2016 sendos convenios con la ULL y la ULPGC para la realización conjunta de actividades académicas, formativas, informativas y culturales.

Al respecto, Ana Batista subrayó que los objetivos de la APMUN en esta nueva etapa "pasan por priorizar la prevención como eje de trabajo mediante la formación". En este sentido, señaló que también "está prevista la firma de convenios con las Cámaras de Comercio de las distintas islas del archipiélago".

En línea con este refuerzo de la prevención, desde 2001 hasta 2015 se efectuaron 4.012 restablecimientos de la realidad física alterada (3.318 reposiciones y 694 legalizaciones), actuaciones que cuando se han ejecutado en colaboración con la Administración han posibilitado la reducción de las sanciones y el incremento de los restablecimientos efectivos.