El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha negado hoy ilegalidad alguna en la operación por la que la emisora del club alquiló su licencia al periodista Carlos Sosa, pareja de la juez que instruía hasta octubre una causa contra él por fraude fiscal, la candidata de Podemos Victoria Rosell.

Así mismo, ha explicado con "documentos oficiales" que él conoció el 23 de octubre la operación para conseguir esa frecuencia, de la que se encargaban los directores de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo, y UD Radio, Ruymán Almeida, un día después de que se concediera a la magistrada Rosell la excedencia en sus funciones.

"Yo no estoy incumpliendo nada y eso de una supuesta compra de voluntades, no se entiende", ha defendido el empresario, en referencia a las relaciones que se pretenden establecer entre ese contrato sobre la licencia y cómo se ha comportado la juez Victoria Rosell con él en la instrucción de la causa por fraude fiscal.

Al respecto, ha subrayado que fue la juez Rosell quien decidió ampliar las imputaciones contra él a tres delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra los trabajadores, cuando la Fiscalía solo le acusaba inicialmente del primero.

Ramírez ha recalcado que el acuerdo para utilizar esa licencia de FM no ha incurrido en ninguna ilegalidad, sino todo lo contrario, pues se ha hecho con el fin de que la UD Las Palmas tuviera su emisora, UD Radio, dentro de la legalidad vigente, y "siempre en aras de una transparencia absoluta en la gestión".

"Esa señora se ha ido del juzgado y la causa sigue viva", ha señalado el empresario, quien ha recordado que el magistrado que ahora la instruye le citó a declarar el pasado lunes.

Ramírez ha señalado que también ha sido "público y notorio" el problema surgido entre la fiscal que presentó la querella contra él, Evangelina Ríos, y Rosell, pues sus diferencias sobre el proceso y las quejas emitidas contra la juez por una posible obstrucción de la causa llegaron hasta el Consejo General del Poder Judicial, que dio la razón a la actual candidata de Podemos.

También ha explicado que el pasado miércoles la fiscal Evangelina Ríos citó a declarar a Viñayo, y éste le presentó la documentación relativa a la operación con Clan de Medios (la empresa de Carlos Sosa), y ha manifestado que "no tiene sospecha de que se haya filtrado" esa información por parte de la Fiscalía.

En cuanto a que sea el ministro de Industria y presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, el que haya filtrado este asunto a la prensa, tras publicarse hoy en varios periódicos, ha afirmado que que no le consta que se interesara por la operación de la licencia de radio y que tampoco se ha puesto en contacto con él para abordar esta cuestión.

Ramírez ha reclamado que se respeten sus derechos como ciudadano, pues ha dicho sentirse víctima de "un juicio paralelo" a través de los medios de comunicación.

El empresario ha explicado de manera pormenorizada cómo fue el proceso para arrendar la licencia de FM, tras haber recibido el pasado 9 de septiembre un requerimiento del Gobierno canario que le instaba a suspender las emisiones de UD Radio por no tener la autorización pertinente.

En ese oficio se le advertía de que, de no cumplir, podía exponerse a ser sancionado con entre 100.000 y los 200.000 euros.