El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostuvo ayer que es un "drama" que el sector industrial en Canarias, que podría generar "empleo estable", no llegue al 5% de la economía, afectado por unas legislaciones creadas durante los últimos 25 años y que suponen un "freno" para algunas actividades.
Esa fue la explicación que dio el también presidente del Partido Popular (PP) en Canarias a las altas tasas de paro pese a las cifras de ocupación turística, en un acto celebrado en La Laguna con jóvenes de esta formación política y en el que estuvo acompañado por el cabeza de lista al Parlamento por Tenerife y los candidatos al Cabildo tinerfeño y al Ayuntamiento de La Laguna.
"Ni este gobierno ni ningún otro van a acabar con la corrupción; siempre va a haber quien esté dispuesto a corromper", manifestó Soria en su discurso, y añadió que ahora están saliendo a la luz casos debido al marco normativo actual. "La corrupción que más me molesta es la de personas que han compartido con nosotros principios, valores e ideales", indicó.
Si al principio de la legislatura, por su dimensión, la economía española era "el principal problema económico del mundo", ahora se tienen las "mejores previsiones" de los últimos 30 años, aseveró el ministro, para quien, en lo referido a las renovables, las cosas se han hecho en las Islas "mal o rematamente mal".
Previamente, en declaraciones a los medios, Soria afirmó que se debe esperar a que pasen las elecciones para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, dado que el Ejecutivo regional es "un gobierno en funciones". También insistió en que, hasta la llegada de los comicios del próximo 24 de mayo, el único pacto es "con las personas, los electores y los votantes".
Mientras que Guillermo Díaz Guerra, que abre la lista por Tenerife al Parlamento, propuso ayudas a la contratación complementarias a las del Estado y a la vivienda, el candidato al Cabildo, Manuel Domínguez, planteó que la treintena de empresas de la institución insular se conviertan en un "vivero" que sirva para que los jóvenes adquieran experiencia profesional y la puedan incorporar en su currículum.
Un fondo de emergencia social, una "reducción drástica" de cargos públicos y que todo el municipio sea campus universitario fueron algunos de los objetivos esbozados ayer por el candidato popular al Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Alarcó, quien también se mostró crítico con que el Consistorio lagunero le cobre 7,9 millones a la Universidad de La Laguna (ULL) por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Además, Alarcó se refirió a que la ULL podría asesorar al Ayuntamiento a través de convenios, y resaltó que esta institución está "en bancarrota" por la deuda de 100 millones de euros con la que cuenta en la actualidad.