El proceso de la VI Concertación Social está ahora, de nuevo, a expensas de una nueva reunión de la mesa general para atar los eventuales acuerdos que se alcancen en varios puntos a su firma definitiva. Los sindicatos, que ya habían demandado que esto fuera a finales del año pasado así mientras se negociaban los presupuestos regionales para 2015, esta vez quieren "garantías" de que el Gobierno autonómico hará un "esfuerzo" financiero para sacar adelante los compromisos a los que lleguen empresarios, trabajadores y Administración más allá del simple reparto del dinero que dependa de la Unión Europea o el Estado.

Mientras que la consejera regional de Empleo, Francisca Luengo, asegura que las negociaciones están "a punto" de culminar con un número "importante" de acuerdos -que se alcanzarán, según apuntó, cuando sindicatos y empresarios "lo decidan"-, tanto el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, como el portavoz de la Dirección Provisional de CCOO Canarias, Antonio Pérez, condicionan el fin del proceso a la reunión de esa mesa general en la que el Ejecutivo regional diga con claridad si va -o no- a impulsar una modificación presupuestaria para asegurar los fondos que ambas organizaciones demandan.

Asuntos como la participación institucional dependen ahora de la aprobación del reglamento de la ley, que Luengo promete que saldrá adelante "o al menos quedará remitido al Consejo Consultivo" antes del fin de legislatura. Por ese motivo, admite de que este tema en concreto es posible que quede "para más adelante", sin fecha.

Y es que las elecciones autonómicas de mayo se acercan mientras las tres partes aún buscan la manera de ir cerrando los flecos pendientes en las seis mesas que en su momento decidieron abordar este año -prevención de riesgos laborales; desempleo juvenil; resolución de conflictos extrajudiciales; formación, empleo y emprendimiento; protección social, y participación ciudadana-. Pero los sindicatos lo tienen claro: "no harán" la campaña electoral al Gobierno con la foto del acuerdo "si no es de verdad", alerta Pérez.

El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, coincide con el Gobierno en que algunos asuntos "van muy avanzados", pero no da por sentado que habrá acuerdos. "Puede haberlos", responde midiendo cada palabra. "Hay voluntad para alcanzarlos en algunos asuntos, pero no se puede garantizar que los vaya a haber".

Luengo cree que sí habrá consenso sobre la estrategia de prevención de riesgos laborales, pero Santana recrimina que el Ejecutivo recauda más en multas a las empresas de lo que asigna en esta materia en los presupuestos, por lo que buscará aumentar la asignación. Menos polémicos son la solución extrajudicial de los conflictos y la Garantía Juvenil, que ya cuenta con unos 70 millones -provenientes de la UE- para los próximos seis años : las partes solo deben acordar el reparto.