La orden que regulará la derivación de pacientes crónicos que ocupan camas hospitalarias a centros sociosanitarios se hace esperar. La consejera de Sanidad del Gobierno regional, Brígida Mendoza, no quiso poner ayer una fecha, ni siquiera aproximada, a la aprobación de esta normativa, que ya acumula un retraso de 16 meses.
Mendoza compareció en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias a instancias del grupo mixto (Nueva Canarias), cuyo portavoz, Román Rodríguez, recurrió a la ironía para criticar una demora que se debe, a su juicio, a que la Administración "no tiene claro cuáles son los extremos y consecuencias de esta orden". "La Constitución Española se hizo en menos tiempo", declaró.
La consejera se limitó a decir que el borrador de la norma -que promueven conjuntamente las áreas de Sanidad y Políticas Sociales y que calificó de "pionera"- "ya está finalizado" y que ahora debe ser examinado por la Consejería de Economía y Hacienda. Respecto al retraso, Mendoza alegó que "es mejor ir sobre seguro".
Al mismo tiempo, y tras una pregunta de la diputada del PP Mercedes Roldós, la titular de Sanidad informó de que el convenio para sacar a concurso el concierto de plazas sociosanitarias está siendo elaborado por "los técnicos correspondientes".
Una buena parte de la comisión parlamentaria la ocupó la controversia entre Mendoza y Roldós sobre si el bloqueo de camas de pacientes agudos por parte de crónicos es un problema surgido en esta legislatura o se arrastra de las anteriores. "¿Qué se hizo en la legislatura anterior, cuando esta situación también se daba?", se preguntó la consejera en referencia a la etapa de Roldós al frente del área.
Precisó, asimismo, que el problema se produce también en otras comunidades autónomas. De hecho, la diputada del grupo nacionalista Marisa Zamora cifró en casi 5.400 las camas bloqueadas en toda España.
"Son 16 meses de incumplimiento", recalcó, por su parte, la portavoz popular antes de destacar que este retraso supone "dejar de atender a gente que lo necesita", ya que el coste de una plaza sociosanitaria es entre seis y siete veces más reducido que el de una sanitaria.