El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, que contempla la creación de la Cámara de Comercio de España, que actuará en representación de todas las cámaras del país y centrará su actividad en el apoyo a la internacionalización de las pymes y en la nueva formación dual que pretende impulsar el Ejecutivo para reducir el paro juvenil.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha manifestado que la nueva Cámara de Comercio de España sustituirá al actual Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y aseguró que será una "marca comercial de gran fuerza" para ayudar a la salida al exterior de las empresas españolas y para abrir la puerta de los mercados internacionales a las pymes.

Así, la Cámara de España tendrá a su cargo, en coordinación con la red nacional e internacional de Cámaras y las propias administraciones públicas, el desarrollo efectivo del Plan Cameral de Internacionalización y del nuevo Plan Cameral de Competitividad. Asimismo, tendrán un papel protagonista en el impulso de un modelo de Formación Profesional Dual que de una respuesta eficaz a la dramática situación del desempleo juvenil.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martin acoge con ilusión los retos que incorpora la nueva Ley que las regulará y que supone una clara apuesta del Gobierno para la continuidad del sistema cameral español.

En este sentido, valora como un gran acierto del Gobierno que el texto de la nueva norma se base en el criterio de utilidad pública y de vocación de servicio de las Cámaras de Comercio hacia las empresas, sobre todo, a las pymes.

El nuevo marco normativo de las Cámaras, que se enmarca en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno 2013, confirma su importante papel y protagonismo para prestar aquellos servicios que demandan las necesidades de las empresas en estos difíciles momentos de recesión y de desempleo.

La red de Cámaras de Comercio, por tanto, se presenta como un instrumento imprescindible para coordinar, optimizar e impulsar recursos destinados al desarrollo de políticas publico-administrativas y de prestación de servicios a las empresas, que tienen como objetivos acelerar la recuperación económica, la generación de riqueza y empleo.