El Gobierno de Canarias mantendrá las inversiones en obra pública más importantes que tenía previstas para el año próximo pese al recorte de sus presupuestos y mantendrá su decisión de no subir impuestos salvo el de la gasolina, afirmó hoy su vicepresidenta, María del Mar Julios.

Ese mantenimiento de las inversiones en obra pública, que han posibilitado los acuerdos alcanzados con el Gobierno español para no reducir el dinero que en 2011 recibirá Canarias para carreteras e infraestructuras hidráulicas costeadas por el Estado, es un anuncio con el que el Ejecutivo regional quiere "tranquilizar al sector empresarial", dijo Julios al inicio de las jornadas Canarias Crea.

La vicepresidenta subrayó la conveniencia de explicar a empresarios y sindicatos los "difíciles presupuestos" de 2011, algo que aseguró que trató de hacer ayer en una sesión del Consejo Canario de Empleo que ella misma presidió.

En la sesión relató que explicó a los agentes económicos y sociales las prioridades con que se han elaborado los presupuestos, que son mantener los servicios públicos, como la educación y la sanidad, pero también "mantener toda aquella inversión que tenga un carácter productivo".

Todo ello en aras a no renunciar a "crear también las condiciones para que Canarias siga avanzando en su diversificación económica", sostuvo.

Julios, como consejera del área, defendió además las políticas activas de empleo desarrolladas por el Gobierno Autónomo en las últimas legislaturas, que afirmó que han dado resultados positivos pese a las declaraciones de algunos empresarios que las han criticado recientemente como inútiles.

Esas críticas fueron rechazadas por la consejera, quien dijo que, antes de evaluar si representan o no una opinión mayoritaria, "habría que preguntar a las confederaciones de empresarios de las islas y a las miles de personas que se han visto beneficiadas" de las acciones de formación o de los programas de empleo temporal que se han costeado con esas políticas.

Sus palabras fueron secundadas por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, que negó suscribir esas críticas y pidió a los medios de comunicación no aludir a sectores concretos del empresariado de las islas como "la patronal", tal y como se ha hecho, con el argumento de que con ese nombre sólo se puede identificar a su organización.

Organización que dijo que no ha cuestionado las políticas activas de empleo, pese a considerar que no son igual de eficaces en épocas de crisis como la actual que en otros momentos anteriores de más bonanza económica.