La presencia de población inmigrante no ha conllevado un empeoramiento de las condiciones laborales en Canarias ni ha repercutido en una reducción de los salarios medios, según se pone de manifiesto en un informe realizado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC).

El documento ha contado con la participación del director del Gabinete técnico de CCOO-Canarias, José Miguel González; la secretaria de Igualdad de UGT-Canarias, Olga Cáceres; la CEOE-Tenerife; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, y el secretario de la asociación de inmigrantes senegalesa Dahira Tidjania, Massow Fall.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña de sensibilización "Más allá de la noticia", financiada por la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ejecutivo central.

Discrimación salarial

Con este trabajo, MPDLC ha pretendido ahondar en las causas de la discriminación salarial del colectivo de inmigrantes que, según unos recientes datos publicados por el Banco de España, acceden al mercado laboral con un salario de entrada un 35% más bajo que los trabajadores españoles con la misma edad y experiencia laboral. Una diferencia que se va reduciendo en el tiempo pero que no se llega a equiparar.

Los expertos consultados por MPDLC han vinculado la causa de este comportamiento al hecho de que el colectivo de inmigrantes ocupa los puestos de trabajo más bajos y en los que se exige una menor cualificación. En este sentido, José Miguel González, de CCOO, afirma que "la responsabilidad no está en el inmigrante sino en el puesto de trabajo".

Agrega que, pese a que los convenios colectivos establecen que no puede haber ninguna discriminación en el cobro de un salario por un determinado tipo de empleo, el objetivo de determinados colectivos de inmigrantes, que cuentan con menos cualificación, hace que desarrollen actividades con salarios bajos a las que el resto de la población no está dispuesta a acceder, como es el caso de las centradas en los estratos salariales más bajos de la construcción, la agricultura y las estructuras hoteleras.

Por su parte el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero, insiste en que, aunque no existen pruebas empíricas, no se puede decir que hayan empeorado las condiciones laborales, ya que éstas se encuentran establecidas en España a través de los convenios colectivos. De hecho, afirmó, las diferencias salariales de Canarias respecto a la media nacional se mantienen desde los años 80, con más o menos inmigración porque la diferencia no está en la gente sino en los puestos de trabajo.

No obstante, matizó que, en determinados segmentos del mercado de trabajo, como los de baja cualificación, puede ocurrir que los inmigrantes acepten condiciones de trabajo con retribuciones inferiores, en especial en el caso de los trabajos por tareas.

En este caso, según los estudios, se pone de manifiesto que el empresario prefiere un inmigrante porque le exige menos condiciones de trabajo y, aún respetando las legales, rota más.

la clave

Ocupan puestos que nadie quiere

En este mismo informe, los expertos de MPDLC admiten que se utiliza al inmigrante para ocupar puestos aparentemente vulnerables, pese a tratarse de una oferta regulada y abierta a todo el mundo. Añaden que el hecho de que este colectivo se haya centrado en nichos de empleo a los que el resto de población no ha querido acceder ha dificultado la normalización salarial. No obstante, admiten que, dada la actual situación de crisis económica, se está generando una competencia, por un creciente interés de la población local en empleos que hasta ahora descartaban. Para finalizar, destacan la vulnerabilidad que hace que los inmigrantes sean el primer grupo al que se le ofrezcan irregularidades en su puesto de trabajo a cambio de mantenerlo.