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VALLE DE LOS CAÍDOS

El Gobierno dice ahora que la exhumación de Franco puede acabar por Navidad

Madrid, EFE
31/ago/18 17:24 PM
eldia.es
Vista general del monumento del Valle de los Caídos. /J.J.Guillen (EFE)

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho que el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco podría estar concluido "para Navidades" y que hoy mismo se enviarán las notificaciones a las partes implicadas.

El Consejo de Ministros ha incoado el expediente con el que se inicia el procedimiento para la exhumación, reflejado en el decreto ley que aprobó el pasado viernes y que reformará la Ley de la Memoria Histórica.

La incoación supone que, en primer lugar, se notifique a la familia y los interesados que se va a proceder a la exhumación, para que puedan presentar alegaciones.

Para ello, dispondrán de 15 días a partir de que los afectados, entre los que están los seis nietos de Franco, se den por notificados.

En la ruede prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celáa, ha indicado que el burofax que la familia Franco envió al Gobierno, en el que advierte de que cometerá prevaricación si se desentierran los restos del dictador sin su consentimiento, no impedirá que se realice la exhumación.

"Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno", ha afirmado Celaá, porque ya se ha tardado "bastante" y la postura expresada por los familiares "no cambia nada". "No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador", ha agregado.

En cuanto a la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, ha precisado que esa es la intención del Gobierno, lo que "puede ser contrastado" con el resto de fuerzas parlamentarias, ya que el decreto, una vez convalidado en el Parlamento, "va a ser tramitado como proyecto de ley" y los grupos podrán interponer enmiendas.

El Gobierno necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara para sacar adelante su propuesta y el PP y Ciudadanos ya han expresado sus dudas sobre la conveniencia de poner este asunto en la agenda política, por lo que deberá pactar con el resto de los grupos.

El trámite técnico aprobado hoy por el Ejecutivo pone en marcha un procedimiento que se inicia con la notificación a todos los interesados. Empezarán a cursarse hoy y el plazo comenzará a partir "del último al que se dé por notificado".

Desde el Gobierno se mantiene que para finales de año, "para Navidades", puede estar terminado el procedimiento para el que el Ejecutivo ha nombrado un instructor: será la subsecretaria de Justicia, puesto que actualmente ocupa Cristina Latorre Sancho.

El Movimiento por España había convocado para esta tarde a las 20:00 horas una vigilia en la explanada del Valle de los Caídos en protesta contra la decisión del Gobierno de dar luz verde a la exhumación, pero la Abadía no la ha autorizado, ya que el lugar "sagrado" está reservado a la "oración, el culto y el recogimiento".

Preguntada la ministra portavoz por esta cuestión, antes de conocerse que no estaba autorizada, ha señalado que si se exhibían símbolos anticonstitucionales o hubiera incumplimiento de la ley, las Fuerzas de Seguridad del Estad intervendrán.

La reforma de la ley de la Memoria Histórica también ha saltado a las redes sociales y hay varias peticiones en marcha para su paralización, aunque también hay quien prefiere que afecte a otros generales implicados en la Guerra Civil.

Así, el grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha va a registrar el lunes una proposición no de ley para instar al Gobierno central a que retire los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo, que acoge el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

En una rueda de prensa frente al Alcázar, su secretario general, José García Molina, ha calificado de "vergüenza democrática" para el país que "estos traidores, declarados enemigos de la democracia y de las libertades", estén enterrados en el Alcázar y puedan ser "objeto de culto y exaltación".

García Molina, que también es vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, ha apelado a la Ley de Memoria Histórica, que sancionó en su momento que era "un deber inaplazable" de la democracia española rendir homenaje y cuidar a las personas que habían sufrido agravios durante la Guerra Civil y la dictadura.

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