Santa Cruz de Tenerife

El alcalde intentará frenar un nuevo lanzamiento en Ofra

Una de las familias que ocupan el edificio Alejandro, en el barrio de Nuevo Obrero de Ofra, han recibido la notificación para el miércoles.
J.D.M./O.G., S/C de Tenerife
30/sep/17 6:11 AM
Edición impresa

Tamara González no pudo hablar ayer en el pleno de Santa Cruz porque su intervención no estaba programada previamente, tal y como exige el reglamento de participación ciudadana. Lo intentó y llegó a iniciar su discurso con educación y argumentos. Rápidamente fue amablemente invitada a desalojar el salón por agentes de la Policía Local. Sin embargo, su grito de denuncia ante el inminente lanzamiento del inmueble que "ocupa" llegó al alcalde, José Manuel Bermúdez, quien activó de inmediato el protocolo municipal antidesahucios a través de un documento firmado nada más terminar la sesión.

Tamara, madre soltera, sin trabajo fijo y tres hijos menores, forma con ellos y su pareja una de las diez unidades familiares que hace unos cinco años ocuparon el edificio Alejandro, en la calle Juan Rodríguez Santos del barrio de Nuevo Obrero en Ofra. Lo hicieron porque no tenían donde vivir, la constructora que levantó el inmueble, prácticamente acabado, quebró y pasó a propiedad de Bankia. Abandonado y sin cédula de habitabilidad, pero con gente dentro.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, según consta en auto judicial, remitió a Bankia el 4 de julio de 2013 un comunicado ante la amenaza de desahucio de estas aproximadamente medio centenar de personas, que se repite ahora. Decía así: "Por razones estrictamente humanitarias... valorar la posibilidad de interesar el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de estas familias ocupantes hasta tanto por parte de este ayuntamiento se estudia alguna fórmula alternativa que permita que esa entidad tome posesión del inmueble del que es propietaria y quede salvaguardada la salud e integridad de las familias reseñadas". A día de hoy, no ha cambiado nada.

Tamara- a quien los servicios sociales ofrecieron una ayuda de 3.000 euros que entiende "insuficiente"- ha recibido ahora un requerimiento -de momento solo ella- que advierte del lanzamiento judicial de la vivienda la mañana del miércoles día 4 de octubre. "Se han adaptado y son unos vecinos más". Así resume un residente en la zona la convivencia con estas personas a las que, incluso, a principios de 2015 se les permitió acceder al agua que "enganchaban" de las conducciones, lo cual había provocado problemas de higiene y malos olores procedentes de los garaje al verterse directamente las aguas residuales al alcantarillado público.