El Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 225, del miércoles 16 de noviembre de 2005, incluyó un anuncio "por el que se hace público el concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada para la contratación de la consultoría y asistencia consistente en la redacción del proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1. Tramo San Isidro-Las Américas". O sea, para redactar el proyecto de ampliación del tramo Sur de la autopista, siendo el presupuesto de licitación de 1.298.126 euros.
Casi nueve años después, ese proyecto es únicamente papel, a pesar de que el Gobierno de Canarias, el 13 de abril de 2009, informó de que "el proyecto de trazado del tercer carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Américas, ha sido aprobado técnicamente por orden del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández".
Ese mismo día, el Ejecutivo regional señaló que "este proyecto, está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que se inicia el trámite de información pública del mismo y la emisión de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. El periodo de información pública será de 30 días hábiles a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, que se produjo esta misma semana". O sea, el día anterior.
El consejero del área actual, Domingo Berriel, se escuda en la crisis para justificar que este proyecto "vital para el Sur" sea todavía "papel mojado". Así lo definen los sectores económicos y políticos de la comarca. El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), el ente que registra la mayor concentración empresarial de la zona, volvió a la carga esta semana cuestionándole a Berriel por la demora de esta obra. "Lamentablemente, volvió a decir que los mismos no se podrán ejecutar hasta no contar con financiación estatal", refleja el Círculo en su comunicado oficial.
Se da la circunstancia de que el proyecto está incluido entre las obras de infraestructura viaria consideradas en el Anejo III del "Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, en materia de Carreteras". Su presupuesto base de licitación hace cinco años era de, aproximadamente, 119 millones de euros, si bien superaría los 125 millones de euros si se suman los importes previstos para las expropiaciones de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
El Ejecutivo regional "lleva varios años amparándose en la crisis y, ciertamente, es un argumento de peso, pero será necesario que tengan en cuenta esta actuación entre las prioridades a partir de ahora", señalan desde la representación empresarial.
"Lo que fastidia es que los trámites realizados han supuesto ya una inversión importante que podría quedarse en nada, como lo que es ahora", concluyen.