El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma trasladó a una comisión que se celebrará la próxima semana el debate acerca del procedimiento de ejecución hipotecaria de los aparcamientos subterráneos de El Puente, que EL DÍA adelantó en su edición de ayer, aunque el alcalde, Juan José Cabrera, informó a esta redacción de que se embargará la concesión administrativa para la explotación del parquin, adjudicada a la empresa Fuente Olen SL, pero no la instalación, el bien, que es de propiedad municipal.
El portavoz de CC, Juan Ramón Felipe, y el concejal no adscrito Alejandro Hernández aprovecharon el apartado de ruegos y preguntas para solicitar información al alcalde sobre el procedimiento judicial abierto, destacando la preocupación de los ciudadanos tras conocerse esta situación. Juan José Cabrera reconoció que todavía no había llegado a la corporación -al menos que tuviera constancia- el anuncio de subasta del subterráneo, por lo que se llegó al acuerdo de convocar de forma urgente una comisión para aclarar lo que está ocurriendo y hablar acerca del futuro del recinto.
Al finalizar la sesión plenaria y tras consultar con los servicios jurídicos del ayuntamiento, el regidor municipal manifestó a EL DÍA que "entiendo que en ningún caso se están embargando unos bienes sino unos derechos sobre una concesión administrativa, y que en modo alguno esta situación puede interferir en la operatividad de los aparcamientos subterráneos". A propósito, hizo hincapié en que "con independencia del propietario de estos derechos, sea su adjudicatario o una entidad bancaria, hay obligación de mantener abierto el parquin".
Juan José Cabrera subrayó que el artículo 334 del código civil establece la posibilidad de embargar el derecho sobre un concesión, "pero el ayuntamiento mantiene la titularidad sobre los bienes (el terreno) e incluso, según los pliegos, si no se cumple con la obligatoriedad de mantener abierto el parquin, el ayuntamiento podría actuar en consecuencia y recuperar esa concesión".
El alcalde de Santa Cruz de La Palma tiene además en cuenta a aquellas personas -alguna de ellas se ya ha dirigido por carta al ayuntamiento- que compraron a la empresa Fuente Olen más de 200 plazas por entre 15.000 y 18.000 euros cada uno y que ahora pueden ver perdida su inversión: "Es el problema que puede surgir (y que surgirá) con las personas que compraron las plazas de aparcamiento en escritura privada y que ahora habrá que estudiar desde el punto de vista jurídico si esos derechos de compra siguen existiendo en un futuro, cuando el embargo se haga efectivo, o si, por el contrario, pierden sus derechos".
Enfrentamiento entre el gobierno y la Policía Local
El portavoz de Coalición Canaria, Juan Ramón Felipe, hizo referencia en la sesión plenaria de ayer a diferentes artículos en medios de comunicación para hablar del "enfrentamiento abierto que existe" entre la policía local y el grupo de gobierno. Una disputa "que es pública y notoria", resaltó el líder nacionalista. Sin embargo, el alcalde, Juan José Cabrera, no compartió tal apreciación y subrayó que "no hay enfrentamiento con la policía. Lo que sí han existido son aspectos concretos" que los distancia. En la misma línea, el regidor municipal expuso que "hablo con normalidad tanto con el jefe de la policía y como con otros agentes". Felipe se mantuvo firme en su tesis, destacando "los reproches mutuos" lanzados entre ambas partes. Además, hizo hincapié en que las denuncias públicas del cuerpo no parten solo de un grupo "sino que llegan desde dos sindicatos diferentes". Por encima de valoraciones subjetivas, lo evidente es que la relación de al menos un número de policías locales con la corporación a la que pertenecen no es, ni mucho menos, la mejor. Multas a vehículos del ayuntamiento, actuaciones en actos que organiza el gobierno local, inspecciones a terreros municipales, procesos judiciales... bien, lo que se dice bien, no se llevan.
las claves
Debate sobre el Plan General. Gobierno y oposición debatieron acerca del Plan General de Ordenación, después de que haya sido de nuevo rechazado por la Cotmac. El portavoz de CC, Juan Ramón Felipe, dijo que se sentía "engañado" tras repetirse los mismos errores en el documento que en 2012, cuando se anunció que el único escolló que faltaba por superar para su aprobación era la reclamación de Aviación Civil, además de recordar que en campaña se acusó a CC de no aprobar el planeamiento "cuando tan solo faltaban dos firmas. Ahora vemos que no era así", dijo Felipe. El alcalde, Juan José Cabrera, se refirió a errores "técnicos" y no políticos, y que ahora el ayuntamiento tiene seis meses para arreglarlos. Se congratuló de que al menos el plan de protección del casco fuera aprobado, con condicionantes, por la Cotmac.