Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de agosto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la nueva Ley de Costas al considerar que vulnera competencias de los gobiernos autonómicos.
Esta decisión fue tomada durante una reunión celebrada ayer por los responsables de ordenación del territorio de esos gobiernos autonómicos en la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid.
Los representantes de estas comunidades autónomas se acogerán a una sentencia dictada por el Constitucional en contra de la Ley anterior (1988), que "determina con claridad que las competencias en orden territorial son de las comunidades autónomas", explicó a este periódico tras el encuentro el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez Hernández.
El viceconsejero destacó que la norma no solo vulnera algunos aspectos competenciales de los gobiernos autonómicos, sino también de los ayuntamientos.
Además, señaló que esta Ley "rescata la figura de los gobernadores civiles, que podían suspender aquellos actos administrativos de ayuntamientos, cabildos, diputaciones y comunidades autónomas que contravinieran la ley. Estaban por encima de la Ley suspendiendo actos que en nuestro ordenamiento jurídico solo pueden hacer los tribunales".
Otro de los motivos por los que presentarán el recurso de inconstitucionalidad es que consideran que esta nueva norma es "injusta con nuestros territorios, ya que no incluye ninguno de nuestros núcleos costeros como excepción, olvidándose en el caso de Canarias de las peculiaridades de nuestro territorio".
En este sentido, Mario Pérez recordó que en el Archipiélago hay afectados, según datos del Ministerio, más de 70 núcleos costeros y más de 1.850 viviendas.
El viceconsejero también criticó el carácter retroactivo de la norma, ya que aquellos núcleos que "ya están clasificados y tienen su propio ordenamiento tienen tres meses para acreditar el carácter urbano de esos núcleos, un trámite que deben realizar los ayuntamientos".
Por ello, y dado que el plazo para este trámite finaliza en dos meses, el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias informó de que estas comunidades autónomas han planteado la posibilidad al Ministerio de Medio Ambiente de ampliar el plazo para presentar estas acreditaciones, "aunque sea en un mes y medio más", concluyó Mario Pérez.