Unión Bagañeta ha puesto en duda la independencia de la secretaria del Ayuntamiento de Tazacorte, Carmen Ávila, al ser la esposa de uno de los concejales del grupo de gobierno, en concreto de un edil del Partido Socialista, una situación que a juicio de la oposición puede poner en entredicho la labor de la responsable de los servicios jurídicos del municipio.
Ávila llegó a la corporación bagañeta a finales de 2011, después de una petición de la alcaldesa, Carmen Acosta, a su homóloga en Los Llanos de Aridane, Noelia García, donde la jurista tiene plaza. En la actualidad, ambos municipios comparten de forma temporal a la misma secretaria.
UB recuerda que el grupo de gobierno decía que "existía inseguridad jurídica en el ayuntamiento", por lo que "decidieron contratar como secretaria de forma parcial a una nueva secretaria, mujer de un concejal del grupo de gobierno. Nosotros no jugamos con los garbanzos de nadie, aunque esta señora tenga un buen sueldo en Los Llanos, su marido otro en el de Tazacorte y ella pase a ganar un tercer sueldo en Tazacorte. Pero da que pensar ya que la independencia de la secretaria municipal puede quedar en entredicho por parentesco".
Unión Bagañeta se pregunta "qué garantías de seguridad jurídica existe" cuando la encargada de los servicios jurídicos es la mujer de un concejal. Y pone como ejemplo de sus dudas "las subidas del agua, las pistas de pádel y la incompatibilidad de la supuesta concesión de la cerrajería de los Cejas".
Uno de los casos que nombra UB genera, a su vez, más dudas entre la oposición. Es el caso del Almacén de Cejas, un espacio público donde están instaladas una serie de empresas con concesiones administrativas irregulares. Entre las pymes que allí trabajan se encuentra la cerrajería del marido de la alcaldesa, aunque se instaló cuando UB gobernaba.
La oposición se queja ahora de que mientras se están regularizando otras concesiones que ya estaban vencidas, "se tiene la deferencia con la cerrajería del esposo de la alcaldesa, que no paga alquiler, ni agua, ni basura, ni electricidad. Se mantiene esta irregularidad continuada durante año y medio, con un coste superior a los 20.000 euros para la Administración".
Razones personales. La clave de las discrepancias entre el grupo de gobierno y la oposición no es simplemente una cuestión política sino que alcanza el aspecto personal, por lo que no debe extrañar que las denuncias públicas entre unos y otros acaben por salpicar a los parientes cercanos de los principales protagonistas.